Escrito por: La redacción.
Al hablar de confianza en el marco de las acciones del Estado, y en especial de aquellas que tienen que ver con la seguridad, posiblemente lo primero con lo que se relaciona esta palabra tiene que ver con el respaldo que la ciudadanía otorga al desempeño de las funciones de las instituciones y autoridades; innumerables estudios y encuestas dan cuenta del peso que académicos, científicos sociales, medios de comunicación, organizaciones civiles y observatorios ciudadanos le dan al tema.
Sin embargo no siempre es materia de análisis cuáles son los elementos que resultan determinantes para la construcción de confianza entre las personas que integran una comunidad. La cohesión social, definida como un estado en el que las y los ciudadanos comparten un sentido de pertenencia e inclusión, participan activamente de los asuntos públicos, reconocen y toleran las diferencias y gozan de una equidad relativa en el acceso a los bienes y servicios públicos, y en cuanto a la distribución del ingreso y la riqueza (FEMP, 2007) es un componente clave en la seguridad ciudadana.
Aunque diversos analistas y autores han hecho énfasis en los múltiples atributos de la cohesión social, más allá de diferencias menores, existe consenso en la literatura sobre sus rasgos definitorios: sentido de comunidad, oportunidades similares, respeto por la diversidad, confianza política y sentido de pertenencia. En el centro de estos atributos se halla presente la confianza institucional e interpersonal. Sociedades donde impera la desconfianza no pueden desarrollar niveles óptimos de cohesión social (CEPAL, 2007). En este texto se hará énfasis en el peso que tiene la confianza entre las personas en el camino hacia lograr la seguridad ciudadana.
La desconfianza afecta la forma en la que establecemos vínculos institucionales y personales, y tiene un efecto directo en nuestra sensación de inseguridad. Los ciudadanos con menores niveles de confianza entre sus pares presentan mayores índices de temor, y este hecho está vinculado con la cohesión social (Dammert, 2012). Por otro lado, diversos estudios señalan que en comunidades donde existe una fuerte cohesión social, expresada en confianza entre vecinos y buenos niveles de control social, los delitos (especialmente los violentos) tienden a ser menores (Sampson, 2014).
Un dato alarmante, y que sin duda alguna arroja luz sobre la prevalencia de situaciones de violencia en nuestro país es que, de acuerdo con algunos estudios especializados, en México para el año de 2014, más del 70% de las personas desconfiaba de los otros. Esta situación, además, se replica en otros 15 países de Latinoamérica, siendo Brasil la nación con los mayores índices de desconfianza interpersonal, con casi un 90% de las personas encuestadas que desconfía del resto de los ciudadanos (Dammert y Malone, 2006).
Una sociedad en la que impera la desconfianza es una sociedad en la que, además de existir altos niveles de temor, prevalece un vínculo social débil, y la fragmentación y la exclusión se intensifican, lo que genera ambientes más propicios para el surgimiento de conductas violentas. Esto deriva en un círculo vicioso, pues la violencia altera la vida local y el capital social en las comunidades que a su vez provoca temores y desconfianza hacia los otros, alimentando los procesos de exclusión social y motivando una mayor reclusión de ciertos grupos al ámbito privado (CESUP, 2014).
Todo ello afecta a las posibilidades de implementar medidas en aras de prevenir y combatir la violencia. Por tanto, fomentar la confianza no sólo hacia las autoridades, sino entre ciudadanos debe colocarse en el centro de la agenda de desafíos políticos si se quiere aumentar y mejorar la cohesión social y así, transitar hacia sociedades más seguras y menos violentas.
El elemento de la cohesión social y su componente de confianza entre ciudadanos resulta fundamental en el marco de las políticas públicas de seguridad dirigidas a la ciudadanía, ya sea que se encaminen hacia la prevención del delito y la violencia, o hacia el combate activo del crimen. En primer lugar, porque la seguridad ciudadana no se entiende sin la participación e integración de todos los actores de la sociedad y sin la comunidad ligada a un territorio; y en segundo lugar, porque los niveles de sustentabilidad y permanencia de los efectos de las intervenciones están íntimamente ligados a la adopción que la propia comunidad haga de dichas intervenciones (ONU-Hábitat y Universidad Alberto Hurtado, 2009).
En otras palabras, los gobiernos pueden cambiar y la intervención gubernamental puede disminuir o incluso desaparecer, pero los efectos de una intervención de seguridad ciudadana efectiva se sostendrán en el largo plazo en la medida en la que una comunidad cohesionada la haga suya. Por ello, es necesario reforzar los mecanismos y elementos de confianza interpersonal para de esta forma generar lazos, valores y normas sociales (capital social), pues éste permite la aprehensión de las iniciativas, que puede llevar a la permanencia de éstas aún sin la participación de agentes públicos (Dammert y Lunecke, 2004).
Entonces, la cohesión social es necesaria para la seguridad ciudadana. Una sociedad puede definir mecanismos de seguridad que incluyan altos niveles de segregación, fragmentación socioterritorial e incluso la utilización de la fuerza; pero ninguno de estos elementos genera cohesión (Dammert, 2009). El discurso de la seguridad muchas veces parte de la diferenciación social, la identificación del enemigo que debe ser corregido, encarcelado o sanado; de ahí que la visión de seguridad ciudadana sea más que pertinente y efectiva en aras de lograr sociedades seguras, sí, pero también cohesionadas y en armonía.
Adicionalmente, se requieren también políticas de largo alcance que impulsen y fomenten la participación y cooperación ciudadana, el intercambio y la utilización del espacio público, desde una perspectiva universal que integre las diversas realidades sociales, culturales, económicas y políticas que coexisten en nuestras sociedades.
