Escrito por: La redacción.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) llevada a cabo en diciembre de 2017 por el INEGI, el 80.5% de las mujeres en México dicen sentirse inseguras en la ciudad en la que viven. En contraste, en el caso de los hombres, la percepción de inseguridad descendió ligeramente respecto a la ENSU realizada en septiembre del mismo año, al pasar de 71.1% a 70.6% de varones que declararon sentirse inseguros. Estos datos son una muestra clara de que mujeres y hombres viven, perciben y ejercen la violencia de manera diferente.

La violencia contra las mujeres tiene lugar tanto en el ámbito de lo privado como en lo público. Las calles y plazas, las escuelas, los centros de trabajo, el transporte público, los lugares de recreación, etcétera, con frecuencia son espacios donde éstas se enfrentan a violencias que tienen diversas expresiones, que van desde el acoso sexual hasta el feminicidio (PNUD, 2018).

Lo anterior está relacionado con las desigualdades de género que existen en nuestras sociedades, las cuales permean en el ámbito de las políticas públicas –por ejemplo, los permisos por maternidad, a través de los que se asume que las madres tienen tanto el derecho como la responsabilidad de crianza y cuidado de recién nacidos–. Ignorar y normalizar este tipo de realidades y experiencias diferenciadas por género, ha llevado a un análisis parcial y sesgado sobre las expresiones y factores de la violencia, lo cual genera políticas públicas y programas de seguridad y prevención ineficaces, debido a que se estudia la incidencia de ciertas conductas violentas desde una perspectiva global, o bien, se considera como problemas de violencia de género estrictamente aquellos en los que ocurren actos de violencia explícita y en espacios privados (Aguilar, 2009).

Es por ello que, al hablar de violencia contra las mujeres, se debe entender que éstas no sólo son víctimas de delitos tradicionales o comunes sino también de fenómenos vinculados a aspectos estructurales: la forma en que se concibe el desarrollo urbano, la falta de inclusión en acciones de participación ciudadana, la dificultad de acceso a oportunidades de desarrollo profesional, entre otras cosas, que son factores que, de una u otra manera, inciden en los grados y modalidades de las manifestaciones de violencia directa o simbólica (Falú y Segovia, 2007; en Aguilar, 2009).

Por lo anterior, es fundamental que las políticas diseñadas para prevenir y combatir estos tipos de violencia tengan una visión integral y multicausal del problema, que contemplen elementos como el territorio, el desarrollo comunitario, la desigualdad económica, entre otros, todo ello desde un enfoque de género.

El enfoque de género es una herramienta analítica y política desarrollada para conocer y transformar las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Su aplicación expone la valoración desigual de lo femenino y lo masculino, así como los patrones y significados de poder entre hombres y mujeres. No sólo analiza a las mujeres, sino las relaciones entre los géneros, con el fin de explicar las desigualdades establecidas por la sociedad (PNUD, 2007).

Esta herramienta tiene tres dimensiones:

  • Descriptiva visibiliza las desigualdades entre hombres y mujeres.
  • Analítica permite señalar e interpretar las diferencias y las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en una sociedad determinada.
  • Política se compromete, desde la agenda pública, a la transformación de las desigualdades.

En esta concepción, la prevención y el combate de la violencia contra las mujeres con un enfoque de seguridad ciudadana no se limita a disminuir la violencia y el delito, sino que busca contribuir a la transformación de las condiciones cotidianas para no dar lugar a que estos fenómenos se reproduzcan (Massolo, 2005).

¿Qué se requiere entonces para diseñar e implementar políticas de prevención de violencia de género desde una perspectiva de seguridad ciudadana?

Algunos autores señalan que, al entender la seguridad ciudadana como una pacto de convivencia en el que se toman en cuenta las necesidades y subjetividades de todas y todos, es vital que se reivindique el derecho de las mujeres a definir la seguridad desde sus necesidades como ciudadanas y desde sus expectativas, rompiendo así la dinámica de ‘víctimas protegidas’ dentro de un modelo de seguridad profundamente masculino (Naredo, 2003; en Massolo, 2005).

Para ello, es necesario incorporar la perspectiva y la experiencia de las mujeres en la planificación de políticas públicas, así como impulsar su participación activa en el diseño, implementación y evaluación de las mismas, para, de esta forma, contrastar y diferenciar la mirada sobre las mujeres: de objetos (dependientes de) a ciudadanas autónomas (Massolo, 2005).

Para que el diseño y planificación de política pública o intervención con perspectiva de género contribuya a la erradicación de la desigualdad, al tiempo que propicie el empoderamiento de las mujeres, se deben contemplar los siguientes elementos (Centro de Desarrollo Urbano RENASER, 2015) (Jubb, 2012):

Cabe señalar que la coordinación y cooperación transversales son criterios de actuación indispensables y fundamentales. Ningún gobierno puede por sí solo enfrentar y responder eficazmente al complejo problema y reto de la violencia contra las mujeres. La prevención de ésta es una tarea de todas y de todos por lo que la participación activa y plural de diversos sectores, y en especial de las mujeres, es fundamental.

Last modified: septiembre 11, 2019