Yoali Pérez Montesinos
La capacitación de servidores y servidoras públicas en materia de prevención de violencia de género es una necesidad firmemente señalada en los análisis sobre esta problemática que constantemente se incluye en los planes de acción elaborados para erradicar dicha violencia. Se trata de una estrategia imprescindible para erradicar la violencia de género.
Con el paso de los años se ha ido reconociendo cada vez más que la violencia de género es un grave problema, no sólo para las mujeres, sino también para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz . Este reconocimiento puede considerarse uno de los resultados del arduo trabajo realizado por el movimiento feminista, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones que han logrado:
1) han logrado que los Estados adquieran obligaciones para atender esta violencia. Por ejemplo, a través de instrumentos internacionales que han sentados precedentes para elaborar leyes y programas nacionales para atender la violencia.
2) han mostrado la complejidad y multidimensionalidad de la violencia de género, sus diversas expresiones y consecuencias.Con el paso de los años se ha generado evidencia que muestra que esta violencia es un problema social en el que influyen múltiples causas y factores que se generan en diversos espacios sociales. Por tanto, hacerle frente implica políticas públicas integrales y multisectoriales que promuevan cambios sociales y desarrollar capacidades institucionales para mejorar la respuesta de los Estados.
Con base en lo anterior también han mostrado que la respuesta social al fenómeno de la violencia de género debe incluir necesariamente en la eliminación de trabas institucionales que no contribuyen a la eliminación de esta violencia y que incluso configuran violencia de género en el ámbito institucional. Por ejemplo, se han realizado diagnósticos que identifican personal público poco sensible a la violencia de género y con apego a los estereotipos, prejuicios y roles de género que obstaculizan la prevención, atención, sanción y erradicación de esta violencia.
Es así porque Investigaciones, sentencias y notas periodísticas han documentado comportamientos negligentes, omisos o discriminatorios por parte de servidoras o servidores públicos en casos de violencia de género . Comportamientos como culpar a víctimas, poner en duda testimonio su dicho, ignorar la gravedad de las agresiones o justificar la violencia que se ejerce contra ellas por cuestiones de vestimenta, consumo de alcohol embriaguez o ejercicio de la sexualidad, han perpetuado y profundizado la violencia de género, obstaculizando el ejercicio de derechos humanos y el acceso a la justicia.
Por ello, varios gobiernos, incluido el mexicano, han reconocido la necesidad de redefinir el papel que puede desempeñar el funcionariado público en la prevención y atención a la violencia de género y han iniciado programas de capacitación y sensibilización del personal de las instituciones públicas.
Las actividades de sensibilización buscan detonar la reflexión para que las personas participantes puedan hacer conciencia de que el problema de violencia de género es un problema social cuya particularidad radica en sancionar, intimidar y ejercer el control hacia las personas que transgreden el sistema de género vigente. Generalmente se realizan a través de ejercicios prácticos y vivenciales que buscan que las personas servidoras públicas pueden hacer conciencia de que la violencia de género es un problema social que requiere la intervención del Estado.
Por su parte, las actividades de capacitación buscan desarrollar y fortalecer conocimientos, capacidades y competencias para que las personas servidoras públicas puedan participar en acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Existen diferentes modalidades de capacitación: talleres, diplomados, certificaciones, especialidades y maestrías, entre otras. Lo crucial es que éstas se desarrollen con personal docente, contenidos, tiempos y actividades de aprendizaje adecuados para que quienes participan efectivamente adquieran capacidades o competencias.
Y es que no se puede poner en duda la pertinencia de las actividades de sensibilización y capacitación. Si éstas cumplen con un mínimo de condiciones adecuadas (respecto al perfil docente, contenidos, tiempos y actividades de aprendizaje), pueden alcanzar beneficios de distintos niveles y de suma importancia. Por ejemplo, pueden:
• Ayudar a “ver” la violencia de género; “verla” no es un ejercicio fácil para todas las personas, porque como se ha señalado en textos anteriores, muchas expresiones de esta violencia están normalizadas y no se ven como una conducta grave que genera daños.
Las personas servidoras públicas forman parte del sistema social que reitera normas, creencias, comportamientos y esquemas de relación que configuran violencia de género. Ellas, al igual que el conjunto de la sociedad, podrían haber introyectado ese orden social y considerar que las expresiones de violencia de género son situaciones normales.
• Contribuir a identificar las características de la violencia de género y aportar elementos para observar cómo operan los prejuicios y estereotipos de género en ella.
• La sensibilización ayuda a reconocer que la violencia de género existe, que todas las personas son vulnerables a vivir dinámicas de violencia de género y que ésta genera daños a nivel personal y a nivel social.
• Las capacitaciones y sensibilizaciones brindan elementos para comprender que los casos de violencia de género no son hechos aislados, sino que forman parte de un problema social que prevalece por distintas causas y factores que deben ser atenuados y transformados con servicios y atenciones públicas.
Una persona servidora pública sensibilizada o capacitada puede entender el sentido e importancia que tiene ofrecer servicios públicos adecuados dirigidos a la violencia de género.
• Las capacitaciones son un proceso por el que las personas servidores públicas pueden adquirir herramientas para brindar una atención adecuada sin revictimizar a las víctimas de violencia de género ni colocándolas en una situación de mayor riesgo.
Existen casos de feminicidio en los que las mujeres habían denunciado violencia en una Agencia del Ministerio Público y los Agentes del Ministerio Público (AMP) minimizaron la agresión y no ofrecieron medidas de protección a la víctima. Es muy probable que, si el AMP hubiera tenido las capacidades adecuadas, dichos casos no hubieran terminado con la vida de las víctimas.
• Las capacitaciones tienen el potencial de generar capacidades y competencias que contribuyan al diseño e implementación de la política de prevención, atención y sanción de la violencia de género.
• Las capacitaciones contribuyen a cumplir con responsabilidades normativas como la establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que señala que es una responsabilidad del funcionariado público involucrado en las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, capacitarse en la materia.
• Las sensibilizaciones y capacitaciones dirigidas a servidores y servidoras públicas pueden eliminar las trabas institucionales que enfrentan víctimas de violencia de género y acelerar los cambios necesarios para la erradicación de esta violencia.
La capacitación idónea implica no solo un aprendizaje de conceptos y normas, sino el desarrollo de capacidades para reconocer y atender la violencia de género en la vida cotidiana. Las capacitaciones deben generar capacidades para que todo el funcionariado reconozca las afectaciones que generan las ideas y valoraciones estereotipadas en la vida de quienes vivan violencia de género.
Las y los servidores públicos son un actor con alto potencial para influir en la erradicación de la violencia de género, siempre y cuando cuenten con la sensibilidad y capacidad necesaria, en caso contrario pueden constituir obstáculos. Por ello, para hacer frente a la violencia de género es sumamente importante que las servidoras y servidores públicos participen en procesos de sensibilización y capacitación y que tales procesos se sigan impulsando.
Es recomendable que las capacitaciones y sensibilizaciones procuren, por principio, transmitir los conceptos básicos que contribuyan a comprender la violencia de género y el marco normativo de derechos humanos que establece la obligación de los Estados de atender la violencia de género, esto último para comprender que no se trata de una cuestión de voluntad, sino de una obligación establecida legalmente.
Después, es necesario que se diseñen programas de formación focalizados para que las personas servidoras públicas dispongan de las capacidades necesarias para brindar servicios que efectivamente ayuden a las víctimas a salir de una situación de riesgo y de violencia.
Y tú, ¿ya te capacitaste en violencia de género? Si aún no lo has hecho, aquí podrás encontrar algunas opciones:
Bibliografía:
- CORTE IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.
- Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General Nº 35 sobre la violencia de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general Nº 19, 26 Julio 2017
- Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad. “Diagnóstico e Implementación de Acciones Básicas sobre Equidad de Género en la Impartición de Justicia, la Normatividad y la Cultura Organizacional de 15 Tribunales Superiores de Justicia”. Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ). 2012.
- CEPAL. Violencia de género: un problema de derechos humanos. Unidad Mujer y Desarrollo. 1996
- Fundación Ideas para la Paz (2019). Las violencias de género en la transición: legados del conflicto armado y desafíos para la paz. Colombia.
- Tezanos, S. (2013). Desarrollo humano. En Tezanos. S. (Coord.), Desarrollo humano, pobreza y desigualdades, pp. 11-55. Santander: Universidad de Cantabria.
