Escrito por: Armando Vargas Hernández.
Las violencias y la delincuencia se han convertido en las principales preocupaciones para la población en México (de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del INEGI en su edición del 2018, la inseguridad es la principal preocupación para los mexicanos a nivel nacional, por encima del desempleo, la corrupción y la pobreza) y ocupan un lugar preponderante dentro del discurso político a nivel nacional y dentro de las agendas de gobierno en todos sus niveles.
No obstante, existe evidencia suficiente para concebir a la delincuencia y a las violencias como problemas públicos y, por lo tanto, las políticas públicas se presentan como ventanas de oportunidad para diseñar alternativas sólidas de contención, disminución y, fundamentalmente, de prevención integral a través de la implementación de enfoques como la seguridad ciudadana.
Sin embargo, los indicadores en materia de seguridad pública nos hacen pensar que no hemos sido capaces de identificar y comprender el origen multicausal de la violencia y la delincuencia, además de la dinámica e impactos de todos los fenómenos sociales que provocan; en los últimos años, las políticas implementadas por los diversos ámbitos de gobiernos no han logrado disminuir la incidencia delictiva o mitigar el sentimiento de inseguridad (SESNSP, 2018; INEGI, 2013-2017).
La seguridad ciudadana es un enfoque de política pública que propone prevenir integralmente la violencia y la delincuencia. La prevención es integral cuando se busca evitar el origen multicausal de estos fenómenos a través de la participación de múltiples actores sociales e implementando diversas estrategias de prevención según las etapas del desarrollo delictivo (primaria, secundaria o terciaria), la orientación de la estrategia o la estrategia operacional (Vargas & Varela, 2017).
En principio, lo anterior parece lógico y sencillo en su articulación, no obstante, comprenderlo y sobre todo ponerlo en práctica requiere de un arduo proceso de profesionalización en términos teóricos, metodológicos, técnicos y prácticos, entendida como un proceso que le permite a las personas adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para ser competitivos dentro de un determinado campo de acción.
La importancia de la profesionalización puede dimensionarse únicamente explorando y problematizando elementalmente parte del contenido de la primera etapa para el diseño de acciones de prevención integral: el diagnóstico del problema delictivo.
¿Cómo podemos prevenir un delito si no lo conocemos? Para diagnosticar el problema delictivo es necesario identificar y comprender sus características, cuantificar sus costos sociales, determinar sus variables causales y, sobre todo, explicarlas.
Lo anterior comienza con la definición de un delito en particular y concebido como un problema público. En este punto, se requiere de la participación de profesionales como abogados, criminólogos o sociólogos y también especialistas en políticas públicas como politólogos o administradores públicos. Estos perfiles profesionales son idóneos en tanto que su campo de conocimiento se relaciona con las teorías, enfoques, conceptos, métodos y técnicas necesarias para la formación conceptual de un delito y su tratamiento desde el enfoque de las políticas públicas.
Por otra parte, para identificar las características de la problemática se requiere de personas con conocimiento técnico y metodológico para el desarrollo de proyectos de prevención; implica el dominio de metodologías cualitativas como la etnografía o la fenomenología y el conocimiento de técnicas como la observación participante, las marchas exploratorias, los grupos de enfoque y contar además con conocimiento de metodologías específicas para la prevención integral como la Prevención del Delito a Través del Diseño Ambiental (CPTED por sus siglas en inglés) o las encuestas de victimización.
Por otro lado, la cuantificación de los costos sociales de delito, que puede tratar de determinar a cuántas personas afecta actualmente el problema y a cuántas afectará dentro de diez años si no se le atiende adecuadamente, es una labor para economistas que dominen software especializado en comportamiento econométrico como R, mientras que la identificación de las causas del delito y su explicación implica la formulación de hipótesis, que pueden ser causales, bivariadas o multivariadas, y la correlación de las mismas, tareas destinadas para investigadores en ciencias sociales con perfiles cuantitativos, como politólogos, economistas o sociólogos y que dominen estadística inferencial y puedan manipular software como SPSS o STATA.
Lo anterior sólo forma parte del proceso de diagnóstico. Es evidente que la necesidad de la profesionalización no concluye en este rubro y en realidad está comenzando. Por ejemplo, para formular propuestas de prevención integral se requiere de equipos multidisciplinarios que cuenten con conocimiento de herramientas como la matriz del marco lógico y tengan conocimiento de mejores prácticas de prevención en el mundo, mientras que para el análisis de factibilidad es necesario contar con personal especialista en análisis político, jurídico, daño medioambiental, contadores públicos, administradores públicos, economistas, etc., que sean capaces de evaluar la viabilidad, en todos los sentidos, de las propuestas de prevención. Como lo mencionó Majone, “la diferencia entre el profesional y el aficionado es que el primero, a diferencia del segundo, puede reconocer lo que, en principio, bajo ciertas circunstancias, no es realizable” (Majone, 1988).
En otras palabras, la prevención de la violencia y la delincuencia es mucho más que solo instalar cámaras, recuperar espacios públicos, organizar torneos de fútbol o talleres de lectura; es un proceso especializado en términos teóricos, metodológicos y técnicos de intervención focalizada para modificar una situación que es desfavorable para un sector determinado de la población.
Esto no quiere decir que la prevención integral sea un campo de acción exclusivo para expertos académicos, consultores o funcionarios públicos en materia de seguridad ciudadana o seguridad pública; todo lo contrario, es un instrumento para todos aquellos interesados en la construcción colectiva de la seguridad sin importar su formación o espacio laboral, sin embargo, obtener resultados tangibles y favorables requiere de seriedad y responsabilidad. Las buenas intenciones nunca serán suficientes, la profesionalización es necesaria para diseñar acciones de prevención pertinentes y factibles.
