Escrito por: La redacción.
En su sentido más amplio, la seguridad ciudadana se refiere al proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminar las amenazas de violencia en la población y permitir una coexistencia segura y pacífica (PNUD, 2013) y, para lograrlo, es necesaria la participación de empresarios, académicos, líderes de opinión, organizaciones civiles y ciudadanos.
Porque ante un escenario en dónde las estrategias de control y sanción se ven rebasadas, la participación efectiva resulta fundamental para poder hacer frente a los problemas sociales con la colaboración y la corresponsabilidad de los ciudadanos (Díaz, 2015).
Una de las formas de incluir a la ciudadanía en la producción de seguridad ciudadana es a través de las intervenciones o políticas de seguridad, esto partiendo de que la manera más efectiva de diseñar, implementar y evaluar una política pública, es involucrando a aquellos que intervienen en el fenómeno, problema o situación que se pretende atender con dicha política (Frei, 2013).
Y entonces, ¿en estas políticas, de qué manera puede participar la ciudadanía? Existen múltiples maneras pero una muy sencilla es a través del diagnóstico, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de intervenciones o proyectos locales.
Al hablar del diagnóstico y diseño, la justificación de la participación ciudadana es muy clara: una política o intervención diseñada desde un escritorio dentro de una oficina gubernamental tendrá un impacto muy distinto a aquella que involucre un diagnóstico participativo realizado en campo y un diseño que atienda necesidades reales expresadas por la propia comunidad.
La implementación y el seguimiento implican que el ciudadano o la comunidad tengan tareas o responsabilidades específicas en lo que respecta a las acciones concretas de intervención. Por ejemplo, una política de recuperación de espacios públicos sólo puede ser efectiva si la comunidad misma busca cuidar, preservar y hacer uso responsable de los espacios. En cuanto a la evaluación, si bien ésta tiene quizá un carácter más técnico y que implica el involucramiento de personas que cuenten con ciertas herramientas para llevar a cabo esta labor, la participación ciudadana es fundamental, pues implica un contrapeso a las acciones del gobierno y una manera a través de la cual la ciudadanía puede exigir la rendición de cuentas (Arnaudo y Martín, 2006).
Estas formas de involucrar a la comunidad en las políticas de seguridad (diagnóstico, diseño, implementación, seguimiento y evaluación), constituyen un elemento crítico de éxito para la sustentabilidad de las intervenciones comunitarias (Betancourt, 2013).
De acuerdo con un informe del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT, 2009), la incorporación de todas las personas a las políticas de seguridad trae consigo beneficios como:
- La participación de la ciudadanía ayuda a mejorar la deteriorada relación entre los habitantes y la policía.
- Fortalece las redes sociales existentes bajo la presunción de que permitirán el desarrollo y consolidación del capital social.
- Tiende a consolidar el proceso de descentralización que otorga a los gobiernos locales un rol cada vez más activo en la formulación e implementación de políticas y estrategias urbanas de seguridad.
- Desarrolla el derecho a la seguridad, que amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas, centrado en la comunidad y en lo local (el barrio o la colonia), hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad.
Además, al asumir responsabilidades y ser un participante activo en la formulación, desarrollo y evaluación de las políticas de seguridad, se logra que la ciudadanía se apropie de la política y la vea no como una acción que recae de manera exclusiva en el gobierno, sino como algo de lo que él mismo es parte.
Como vemos, lograr seguridad ciudadana a través de la participación en políticas de seguridad es una labor que requiere un profundo acercamiento a las comunidades, un minucioso trabajo para entender las problemáticas y la inclusión de los actores que en ellas participan. Además, es necesario contar con la apertura de los organismos públicos para llevar a cabo cambios de prácticas y procesos al interior y así enfrentar los retos de construir y garantizar, verdaderamente, una seguridad ciudadana.
