Escrito por: Javier Hernández

Hoy en día, la prevención del delito es considerada como una de las estrategias más económicas y eficientes para reducir la violencia, el crimen y sus efectos en los esquemas sociales y económicos.

Su incorporación paulatina, no sólo en las políticas, estrategias y acciones de seguridad pública, sino en ámbitos de educación, empleo, salud, etc., tiene como finalidad garantizar la calidad de vida de la ciudadanía generando en el proceso mejores condiciones sociales y económicas necesarias para alcanzar mejores niveles de desarrollo y enfrentar de mejor manera los desafíos de la globalización y el crimen organizado internacional.

Gran parte de los Estados Latinoamericanos actualmente enfrentan desafíos comunes relacionados a la pobreza, la desigualdad y la inseguridad que la combinación de ambos produce al nutrir esquemas delictivos.

La falta de oportunidades y el desempleo, aunados a la concentración de la riqueza en sectores selectos de la población se convierte en una mezcla explosiva que sólo necesita una chispa para convertirse, en muy poco tiempo, en un serio problema público con graves repercusiones en las estructuras sociales y económicas de un determinado territorio.

Muestras de este fenómeno las podemos observar en las comunidades de bajo desarrollo económico donde la economía del narcotráfico ha echado raíces, impulsando oportunidades económicas alternas que van diluyendo, a medida que se esparcen, la trama social, la paz y la seguridad ciudadana.

Asimismo, el Informe sobre seguimiento mundial 2009 del Banco Mundial 1 nos advierte acerca de los efectos de la crisis financiera mundial en los países menos desarrollados, los cuáles carecen de los recursos para responder con medidas paliativas a los problemas económicos y sociales que se desprenden de una disminución abrupta en el crecimiento económico.

Esta realidad obliga a replantear los principios y enfoques sobre los cuales se basan las políticas y estrategias actuales de seguridad pública, conminando a la construcción de nuevas estrategias de respuesta basadas en la comunidad, sus necesidades y capacidades bajo un enfoque integral y multidisciplinario encaminado a abordar el fenómeno del crimen desde sus propias raíces.

Aunque no es novedoso, este enfoque primario-preventivo nunca ha llegado a ser tomado muy en serio en contextos territoriales donde los problemas de la delincuencia rebasan las capacidades institucionales. La ciudadanía tiende a exigir, con sumo derecho, resultados a corto plazo para sentirse seguros y plenos, lo que obliga a las autoridades a invertir recursos en acciones reactivas para el control del crimen.

Si bien es necesario un control preciso y robusto, lo es también el enfrentar el fenómeno de la delincuencia desde otros frentes menos visibles enfocados al cambio conductual, la generación de oportunidades, la adecuación de entornos sociales, entre otras estrategias de largo alcance.

El libro blanco del gobierno británico sobre la erradicación de la pobreza en el mundo establece que la seguridad es una condición previa del desarrollo, en sus líneas, esta política inglesa expresa que “las poblaciones pobres quieren sentirse en seguridad, así como necesitan alimentos para comer, agua potable para beber y un empleo para asegurarse un ingreso. En ausencia de la seguridad, el desarrollo resulta imposible, los agricultores no pueden trabajar con el temor de un ataque contra sus tierras, su ganado o su familia. Los jóvenes no pueden recibir educación si temen el trayecto para ir al colegio, y las empresas no van a invertir en un país trastornado y donde no está asegurado el Estado de Derecho” 2

De esta manera, en poco menos de diez años, la seguridad pública se ha identificado como un tema transversal en las agendas locales de desarrollo, ya que es la seguridad ciudadana la que se establece como base sobre la que se construyen políticas, estrategias y programas encaminados a aumentar la calidad de vida de la comunidad.

No es coincidencia el gran auge que ha tenido, en los últimos años, el desarrollo y aplicación de instrumentos y herramientas novedosas para medir la seguridad desde muchos ángulos, desde el seguimiento de las cifras oficiales (denuncias formales a los ministerios públicos) hasta la percepción ciudadana de la inseguridad en sus barrios y la confianza hacia las autoridades locales.

Contar con datos precisos sobre el tipo de problemas de inseguridad (por no llamarles propiamente delitos) ayuda a las autoridades locales no sólo a comprender de mejor manera el fenómeno de la delincuencia y su impacto en la ciudadanía, sino que orienta la toma de decisiones y focaliza los mecanismos de respuesta a fin de maximizar el efecto de las intervenciones y optimizar los recursos humanos y financieros.

Y es precisamente este enfoque económico de la seguridad pública, el que ha impulsado a una transformación radical de sus mecanismos de actuación, evolucionando desde la mera vigilancia policial al desarrollo de toda una infraestructura interdisciplinaria que no sólo procura velar por la seguridad de los habitantes, sino que a su vez promueva elementos económicos, sociales, culturales y educativos para reforzar el desarrollo social y de esta manera “sostener” el efecto de las intervenciones en el tiempo.

La idea de la prevención del delito se establece como una de las áreas prioritarias a ser incorporadas de manera paulatina, pero consistente, en las políticas locales de seguridad pública.

De acuerdo a las Directrices de Naciones Unidas para la prevención del delito, ésta “engloba las estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas”.

Básicamente, estas directrices parten de ocho principios fundamentales:

  • El papel motor de los poderes públicos.

    A todos sus niveles, los poderes públicos deben actuar como líderes en desarrollo de estrategias efectivas de prevención del delito.

  • Desarrollo socioeconómico e integración

    Los aspectos de la prevención del crimen deberían ser transversales a todos los programas y políticas sociales, sanitarias y económicas, incluyendo aquellas que se enfocan al empleo, educación, salud, urbanismo, pobreza, marginación social y exclusión, poniendo un especial énfasis en las comunidades, las familias, la niñez y los jóvenes en riesgo.

  • Cooperación y asociaciones.

    La cooperación y las asociaciones forman parte integral de una eficiente prevención del delito. La acción coordinada de todos los sectores de la sociedad es fundamental para conducir estrategias efectivas y sostenibles.

  • Sostenibilidad y rendición de cuentas.

    La prevención del crimen necesita recursos suficientes y sostenibles apoyados en una clara obligación para rendir de cuentas en cuanto a los recursos financieros, su implementación, y la evaluación de los alcances y resultados programados.

  • Base de conocimientos.

    Las estrategias políticas, programas y acciones de prevención del delito deben sentarse en una amplia base de conocimientos multidisciplinarios acerca del crimen, sus causas, tendencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas.

  • Derechos humanos.

    Estado de derecho y cultura de la legalidad. El estado de derecho y los derechos humanos internacionalmente reconocidos han de ser respetados y promovidos en toda actividad de prevención del delito.

  • Interdependencia.

    Las estrategias y los diagnósticos nacionales/locales de prevención del delito deben tomar en cuenta los vínculos que existen entre la problemática local y el crimen organizado internacional.

  • Diferenciación.

    Las estrategias de prevención del crimen deben basarse también en las diferencias de género y las necesidades específicas de los miembros vulnerables de la sociedad.

Bajo este enfoque, la prevención del delito retoma un enfoque integral que va desde la aplicación de medidas sociales, salud pública, educación, etc., hasta modificar las condiciones físicas de los barrios con el objetivo de generar condiciones propicias para el desarrollo local sostenible, la generación de oportunidades de desarrollo individual (más y mejor pagados empleos, oportunidades de negocio, mejor educación, mejor salud pública, etc.) y una mejor calidad de vida.

1 World Bank, Informe Sobre Seguimiento Mundial 2009, RESUMEN, disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTGLOMONREP2009/Resources/GMR2009-Spanish_ovw.pdf.

2 EL libro blanco indica las prioridades del Departamento para el Desarrollo Internacional (DIFD) del gobierno de Inglaterra, y explica la forma en como se debe trabajar con otros gobiernos, organizaciones internacionales, ONG, instituciones académicas y sector privado para coadyuvar a la reducción de la pobreza en el mundo. Ver: Department for International Development (UK). Eliminating world poverty. Making governance work for the poor. LONDON: DFID, 2006, www.dfid.gov.uk/wp2006

United Nations Economic and Social Council. Action to promote effective crime prevention. Annex Guidelines for the Prevention of Crime, ECOSOC Resolution 2002/13, disponible en línea en: http://www.un.org/ecosoc/docs/2002/Resolution%202002-13.pdf
Department for International Development (UK). Eliminating world poverty. Making governance work for the poor. LONDON: DFID, 2006, www.dfid.gov.uk/wp2006

United Nations Office on Drugs and Crime, Compendium of United Nations Standards and norms in crime prevention and criminal justice, UNODC, Austria, November 2006.

Foro Europeo para la Seguridad Urbana (FESU), Guía sobre las Auditorías locales de seguridad: Síntesis de la práctica internacional, FESU, París, Francia, octubre de 2007.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Diagnóstico de los programas de prevención del delito en el área metropolitana de Nuevo León, México 2009; UNODC, Nuevo León, México 2009.

Nota: El presente artículo expresa la opinión del autor, pero no necesariamente refleja la postura de UNODC, México.

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Last modified: septiembre 11, 2019