María Eugenia Suárez de Garay
En las últimas dos décadas, quizás la transición más importante en las políticas de seguridad en México que se ha dado es la de seguridad pública, entendida como la defensa del Estado (y su protección) bajo la lógica del orden público estatal, contra un enemigo interno y que cuenta con un marco institucional nacional compuesto por la tríada clásica: policía, justicia y cárcel; a la seguridad ciudadana, que implica poner por delante la búsqueda de la armonía en las relaciones interpersonales, regidas por la ley (pacto social de convivencia y tolerancia) y quien las puede llevar a cabo y garantizar (el Estado) y una pluralidad de instituciones de distinto nivel que procesan conflictos (Carrión, 2007).
En esta transición inconclusa, las políticas de seguridad -con fuerte énfasis en su vertiente de seguridad pública- persigue ciertos delitos, siendo el más urgente el crimen organizado en sus muy diversas vertientes y manifestaciones: tráfico de drogas, trata de personas, secuestro, sicariato, desapariciones forzadas, entre otros. Y en ese mismo marco de transición, la seguridad ciudadana convoca a nuevos actores, entre ellos a la ciudadanía a través de su participación para la prevención y erradicación de la violencia. Esto es, busca “establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático” (PNUD, 2013). Se trata de una mirada, una visión (paradigma) orientada al fortalecimiento de la ciudadanía en el sentido de potenciar los derechos individuales y colectivos. Abre la posibilidad de debatir y generar agendas públicas de seguridad, tanto municipales como de la participación del Estado en general, junto con otros diversos actores -los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil o la academia, por ejemplo-, para lograr trazar un camino convergente entre esta la seguridad ciudadana (como visión) y su aplicación práctica (acción).
El enfoque de seguridad ciudadana plantea un cambio estructural en la relación entre el Estado y la sociedad, en su pluralidad y diversidad. La ciudadanía adquiere un lugar central y se convierte en el sujeto histórico sobre el cual debe recaer toda la acción del Estado. En ese sentido, esta visión orientada a la acción integrada coloca en el centro de su acción:
• La protección de las personas en su diversidad
• El respeto a los derechos humanos que asisten a las personas en su diversidad
• El fortalecimiento y la modernización de las instituciones del Estado para cumplir con ese mandato
• El aumento de la ciudadanía sustantiva y la participación social de las y los ciudadanos en los asuntos públicos
• La solución pacífica de los conflictos sociales para asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de violencia en sus múltiples manifestaciones y expresiones
La seguridad ciudadana promueve la generación de políticas, programas, planes e intervenciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. La seguridad ciudadana es congruente con la multicausalidad del fenómeno de la violencia, por tanto, abre nuevas posibilidades para la construcción de nuevas estructuras socioculturales mas respetuosas con la dignidad humana. Su principal estrategia es la prevención, entendida como el conjunto de acciones que buscan anticiparse, detectar y disminuir las dinámicas sociales que detonan contextos de violencia y delito y que permiten aminorar el nivel de riesgo de que ocurran (UNDOC, 2011). De ahí que el enfoque de seguridad ciudadana adquiera una especial relevancia para la prevención de la violencia de género y específicamente, la violencia contra las mujeres.
En los últimos tiempos, la violencia contra las mujeres se ha convertido en uno de los problemas más importantes con que se enfrenta nuestra sociedad, no solo por la enorme magnitud del fenómeno, sino también por la gravedad de las consecuencias personales y sociales derivadas del mismo, hasta el grado de ser reconocido como un problema de salud pública. Dados los efectos devastadores que la violencia tiene en las mujeres, los esfuerzos se han concentrado principalmente en las respuestas y servicios para las víctimas. Sin embargo, la mejor manera de contrarrestar la violencia de género que viven las mujeres es prevenirla tratando sus orígenes y sus causas.
Sabemos que las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación de género, las normas sociales y los estereotipos de género que la perpetúan. De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), más de 10 mujeres al día son asesinadas en México y 1 de cada 3 víctimas de delitos en nuestro país es mujer. En el primer semestre de 2021 se registraron mil 899 asesinatos, 508 fueron víctimas de feminicidio; hubo un aumento de más del 32% en las violaciones sexuales, con 10 mil 458 de estos delitos en el primer semestre del año frente a 7 mil 885 del mismo periodo de 2020; y, en mayo pasado la violencia familiar alcanzó un máximo histórico con más de 23 mil 900 denuncias. Los datos muestran una situación preocupante, más aún, la instauración y consolidación de patrones estables a lo largo del ciclo vital de las mujeres y la aparición temprana de problemas relacionados con su calidad de vida, el daño y la muerte que llegan a afectar de forma determinante a la familia, a la comunidad y la sociedad en su conjunto.
En ese sentido, la visión que propone la seguridad ciudadana representa un reto para ser efectivos en términos institucionales, organizacionales, comunitarios e individuales en la prevención de la violencia contra las mujeres. En primer lugar porque obliga a pensar los problemas de esta violencia de otra manera, más inclusiva y reconociendo las necesidades de la población desde el principio de la diversidad. En segundo lugar porque obliga a pensar de manera imprescindible en la organización de la participación ciudadana y el lugar estratégico y productivo que ocupan las alianzas entre actores institucionales y ciudadanas/os como socios comprometidos, responsables, activos y propósitivos en la coproducción y el respeto al derecho humano a la seguridad que tenemos todas y todos. En tercer lugar porque obliga a incluir la noción de convivencia (vivir en compañía de otras y otros) desde un enfoque de género, que es una mirada clave para erradicar la violencia en las relaciones sociales a través de la deconstrucción y transformación de las reglas de comportamiento y convivencia que se han fundando en la idea de la supremacía masculina, generando con ello severos problemas a miles de mujeres y hombres de todas las edades, etnias, condiciones socioculturales y políticas que hoy demandan vivir en paz, con justicia, dignidad y libres de todas las violencias.
¿Qué implicaciones tiene pensar las alianzas y la participación ciudadana, desde un enfoque de seguridad ciudadana, derechos humanos y género, para ser más efectivos en la prevención de la violencia contra las mujeres?
• Un mayor empoderamiento de las y los ciudadanos como agentes activas/os y no sólo actores pasivas/os que demandan alto a la violencia y a la seguridad de una instancia superior.
• Fomentar la corresponsabilidad en la generación de condiciones de vida seguras para todas y todos en los espacios comunitarios y promover así sociedades más democráticas, abiertas y diversas.
• Practicar la vigilancia ciudadana en la trasparencia, la rendición de cuentas y en la necesidad de hacer valer los derechos y libertades de todas y todos.
• Aumentar las alianzas y la participación ciudadana en la atención a los problemas de violencia de género y la formulación de las propuestas que se perfilan para su solución en sus distintas fases: diseño, ejecución, implementación, monitoreo, replicabilidad y sostenibilidad.
La prevención de la violencia contra las mujeres debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de niñas y niños que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género. El trabajo con jóvenes es la mejor opción para lograr un progreso rápido y sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género y la que se ejerce contra las mujeres (Inserta Andalucia, 2020). Las políticas públicas, estrategias e intervenciones en materia preventiva suelen no prestar la atención necesaria a esta etapa de la vida, es en ella cuando se inician en el espacio público y en la que cada vez están más expuestos a los significados, imaginarios y normas sobre la igualdad de género. Asimismo, significa conseguir que el hogar y los espacios públicos sean más seguros para las mujeres, procurar la autonomía económica y aumentar la participación de las mujeres y su poder de decisión, en el hogar y las relaciones, así como en la vida pública y la política. El trabajo con hombres y niños es vital para la prevención de la violencia de género y contra las mujeres. Representa una oportunidad inigualable para deconstruir los imaginarios de la masculinidad dominante, para cuestionar las desigualdades y las narrativas orientadas a la perpetuación del poder masculino sobre las mujeres. Ello demanda un trabajo relevante desde la pedagogía social que contribuya mediante el diálogo significativo a la resiliencia y a reforzar la cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres. El desarrollo de la conciencia de género, esto es, el conocimiento que mujeres y hombres hacen de sí mismos y de las condiciones de opresión y asimetrías derivadas de las desigualdades de género, posibilitan la movilización individual, comunitaria y social, donde las redes sociales y los medios de comunicación se convierten en un componente importante de una estrategia de prevención efectiva.
En ese mismo tenor se orienta el Programa Ciudades Seguros y Espacios Públicos Seguros de ONU Mujeres, que recomienda que las ciudades y las comunidades deben encaminarse a lograr un cambio de mentalidades y transformador hacia un mayor reconocimiento de la violencia contra las mujeres en el espacio privado, en el espacio público expansivo (que incluye las calles, plazas, etc. y en el que también se ha convertido el mundo virtual y digital) y en sus efectos, además de la voluntad de sus múltiples actores para poner fin a ella, mediante los siguientes cuatro ejes estratégicos de acción:
• Generar datos y construir alianzas para el cambio que permitan asegurar una comprensión profunda de la violencia que viven las mujeres en los espacios privados y públicos expansivos. Ello posibilitará interesantes claves de reflexión que incidan como base para futuras acciones.
• Desarrollar e implementar leyes y políticas integrales orientadas especificamente a prevenir y responder a la violencia contra las mujeres en los espacios privados y públicos. Las políticas de formación en la materia contribuyen a las que las autoridades locales, los grupos de mujeres y los socios comunitarios puedan abogar por la legislación necesaria y a supervisar su aplicación, que debe estar respaldada con la consiguiente adjudicación presupuestaria.
• Invertir en la seguirdad y la viabilidad económica de los espacios públicos con un enfoque de género en la planificación urbana significa tener en cuenta sistemáticamente las necesidades potencialmente diferentes de mujeres y hombres. Una mayor seguridad para las mujeres puede venir a través de inversiones específicas en infraestructura pública, tales como agua potable y mejor iluminación. El desarrollo económico debe enfatizar las oportunidades para el empoderamiento económico de las mujeres
• Transformar las normas sociales a partir actividades destinadas a fomentar relaciones de género respetuosas en las escuelas, las comunidades y otros entornos contribuye a la toma de conciencia sobre la igualdad de género y fomentan la seguridad en los espacios públicos.
Ciertamente aun quedan viejos desafíos por atender en materia de violencia contra las mujeres, pero igualmente la pandemia del COVID-19 ha dibujado nuevos desafíos en materia de prevención. Cuando se considera la seguridad como un derecho humano y se entiende la prevención de la violencia contra las mujeres como un camino prioritario para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, no sólo se amplían las posibilidades de acción, sino también la gama de sectores responsables de participar en su atención y erradicación. No hay que confundir algo vital, lo dicho hasta aquí no implica olvidar que el principal responsable de promover la prevención de la violencia contra las mujeres desde un enfoque de seguridad ciudadana, derechos humanos y género es el poder público. En ese sentido, vale la pena que los actores institucionales de todos los niveles de gobierno tengan en su lista de prioridades hacer propias las 15 estrategias de ONU Mujeres para responder a la violencia contra las mujeres en tanto se prolonga la emergencia sanitaria.
Para que pasen cosas diferentes, deben hacerse las cosas de manera diferente; pero nada se hace diferente si las personas y las instituciones no invierten en construir y sostener el cambio. Para lograr prevenir la violencia contra las mujeres, y alcanzar los cambios deseados deben ser diseñados y gestionados de manera tal que merezcan más apoyo que las fuerzas propias de la inercia y la resistencia al cambio. En ese sentido, es hora de practicar la gobernanza de la prevención, especialmente cuando de violencia de género y contra las mujeres hablamos. Esto es, echar andar ese “proceso a través del cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia -fundamentales y coyunturales- y las formas de coordinación para realizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de dirección” (Aguilar, 2006:90). Se necesitan esfuerzos dialógicos, consensar en la diferencia, gestionar y trabajar colaborativamente entre las autoridades, los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones locales, nacionales e internacionales, para implementar estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres holísticas, integradas y basadas en evidencia. Ello contribuiría significativamente a respetar y garantizar el legítimo deseo y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y a concretar el proyecto de país, ciudad y comunidad en que aspiramos vivir: más seguras, igualitarias, justas, pacíficas e inclusivas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Aguilar Villanueva, Luis F. (2006). Gobernanza y gestión pública, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México.
AUTORA:
María Eugenia Suárez de Garay
Maestra en Antropología Aplicada y Doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora-investigadora de la Universidad de Guadalajara. Se ha especializado en los estudios de género, los estudios policiales y de seguridad.
