Escrito por: Angélica Garnica Sosa
Hoy como nunca “hablar” de seguridad, así a secas, nos exige “hablar” claro y fuerte de su naturaleza, su complejidad, su construcción, sus procesos, sus actores, sus sistemas y sus instituciones, y, así, sólo así, podemos estar en condiciones de dar respuestas integrales, transversales y oportunas al principal problema que vivimos las y los mexicanos: la inseguridad.
No es para menos; sin duda el gran reto del gobierno federal, las entidades y los municipios, a lo largo y ancho del país, es cumplir con una de las más altas y grandes aspiraciones de nuestra constitución:
Hacer que la seguridad pública sea de carácter civil y se rija por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos1.
En el 2018, a la ciudadanía nos embargó un total y absoluto estado de desesperación, desánimo, miedo y, en algunas comunidades, hasta terror por no contar con condiciones de sana convivencia, orden, justicia, seguridad y paz para su vida y la de su familia.
Los retos en el quehacer en materia de seguridad pública para los tres órdenes de gobierno y para la ciudadanía nos obligan a tener en el centro de la reflexión y la acción pública tres aspectos estratégicos:
- Atender las causas estructurales que generan violencias y delitos, y que van desde los aspectos relacionados con el modelo de desarrollo económico, pasando por educación y un sistema social y cultura que tienden a naturalizar las violencias, la cultura de la no denuncia, la discriminación y la violación a los derechos humanos;
- Desarrollar las capacidades institucionales para operar un sistema nacional de seguridad pública y justicia, en el que el ejecutivo federal, las 32 entidades y los 2 mil 457 municipios asuman con absoluta responsabilidad y compromiso sentar las bases mínimas para contar con la capacidad policial, la infraestructura, los procedimientos, los protocolos y la información social y delictiva que permita la atención y prevención de los delitos; y
- Evolucionar en la construcción de una ciudadanía informada, participativa, responsable y corresponsable en la construcción de convivencia, orden, seguridad, justicia y paz.
Lo anterior nos obliga a todos: tres órdenes de gobierno, empresarios, sociedad civil (organizada y no organizada), académicos, especialistas, partidos políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos, a hablar de forma clara y contundente sobre esos tres aspectos estratégicos y dar respuestas integrales, interinstitucionales, coordinadas y altamente sensibles a los problemas que están viviendo en el día a día niñas, niños, jóvenes, mujeres, trabajadores, empresarios y, hasta, la clase política para contender con los delitos.
Y así, esta primera entrega, es el marco que dará pauta, para compartir en adelante y en este espacio, contenidos sobre la construcción de orden, seguridad, justicia y paz para una Nación que le debe un presente y un futuro a su niñez, a sus jóvenes, a sus mujeres, a los emprendedores, a sus empresarios.
