Amnistía y una “nueva” política de drogas: ¿reconstruyendo la paz?

Esta pieza fue publicada originalmente por el sitio SinEmbargo.mx, en su sección de Opinión, el 12 de septiembre de 2018; se hicieron posteriormente adaptaciones al contenido con permiso de la autora.

En este periodo entre los distintos actores del gobierno y la sociedad civil se habla de lo que pareciera ser el nuevo centro de la discusión nacional sobre seguridad en el país: una nueva política de drogas que deja atrás el tema de la prohibición y un enfoque en la amnistía y la justicia transicional.

Los debates se centran en la necesidad de cambiar el paradigma en materia de política de drogas. En primer lugar, se habla de una regulación necesaria de los mercados que incluye, entre otras acciones, la legalización de la producción, venta y consumo de algunas plantas y sustancias psicoactivas. También se aborda el tema de la construcción de la paz en México a través del diseño de esquemas de justicia transicional. Además, se critica severamente el tema de la militarización de la seguridad, esto como una reacción a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en México que institucionaliza el papel de las fuerzas armadas como continuación de una estrategia de seguridad no-convencional, lo cual, según los críticos, promovería la violación estructural de derechos humanos y limitaría la creación de una policía efectiva que se dedique a las labores que le competen.

En lo general, este debate es fundamental para una verdadera transformación del país y la reconstrucción de la paz después de 12 años de violencia generalizada. No cabe la menor duda de que es necesario un cambio de 180 grados en lo que ha sido hasta ahora una estrategia fallida, que lejos de lograr la paz y la estabilidad del país, la violencia no sólo no se reduce, sino que se multiplica: el año pasado se registraron 31,174 homicidios (25 por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, la tasa más alta desde que se tiene registro en México a partir de 1990) según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y los números de desaparecidos, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto se encuentran también en niveles sin precedente.

Lo anterior parece haber sido resultado directo de una guerra (“contra las drogas”) en México que nunca debió haberse dado. Las consecuencias de la estrategia anti-narco—combinada con 6 años más de profundización de la militarización y escandalosos niveles de corrupción e impunidad—son bien conocidas y nos fuerzan a repensar estrategias y transformar radicalmente el discurso para lograr la paz. Por todo esto, las propuestas del gobierno entrante, apoyadas por académicos de prestigio y algunos representantes de la sociedad civil, parecen hacer todo el sentido del mundo: reconocen que las drogas no son nuestro principal enemigo al poner sobre la mesa el tema de la legalización y la regulación de los mercados de droga y llaman a una reconciliación nacional considerando el tema de la amnistía para algunos que no tuvieron otra opción que dedicarse a actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.

La discusión no está nada mal y es un debate que debe darse en el país. Lo realmente preocupante es el peso que se le da una vez más al tema de las drogas para erradicar la violencia.

Probablemente el diagnóstico esté mal realizado porque los principales problemas de México no se reducen al tema de los narcóticos y no se resolverán simplemente olvidando, perdonando, legalizando y regulando los mercados de estas plantas y sustancias. No obstante que estas son acciones necesarias, no resuelven el hecho de que muchas de las organizaciones criminales en el país se dediquen a la extorsión, al secuestro, tráfico de personas, robo de combustible y otros hidrocarburos, entre otras actividades.

En este nuevo contexto se requiere entonces desmantelar también la capacidad de las organizaciones criminales en México que realizan actividades aún más complejas, dañinas y lucrativas que el mismo narcotráfico. Las estructuras criminales actuales no se desarticulan simplemente modificando nuestra política de drogas. Eso debe quedar muy claro. Parece ser que el problema fundamental no es el comercio ilegal de estupefacientes sino la falta de instituciones efectivas para hacer frente al problema de inseguridad y violencia que prevalece en el país.

Hacer de esta “nueva política de drogas” y la amnistía las piedras angulares del discurso nacional para reducir la violencia en México podría traer consigo consecuencias negativas no anticipadas. Además, pareciera ser que existe una falta de entendimiento sobre el concepto de justicia transicional ya que se desean adoptar esquemas que no aplican necesariamente a la realidad mexicana dada la fragmentación de las estructuras criminales en diversas regiones del país derivada de la estrategia gubernamental misma.

Por ejemplo, la amnistía para sembradores de amapola en Guerrero, y para otros grupos que operan en la clandestinidad bajo situaciones similares, parece ser una buena idea. Sin embargo, hablar de un esquema más general de justicia transicional podría resultar problemático y ser aprovechado por quienes deben ser juzgados por la justicia de manera inmediata y enfrentar todo el peso de la ley. Es preciso tener mucho cuidado con el tema de la amnistía y la idea de reconciliación nacional porque podrían utilizarse para querer dar carpetazo a temas delicados. Esto lejos de promover la paz, consolidaría esquemas criminales que se extienden a todo lo largo del territorio a través de la impunidad transexenal.

Los esquemas para la construcción de la paz en México deben aplicarse de manera selectiva a quienes han sido víctimas de las circunstancias en espacios de alta marginación, pobreza, desigualdad, violencia y falta de oportunidades. Por otro lado, “Ni perdón ni olvido” debe haber para aquellos responsables de violaciones masivas a los derechos humanos por parte de las fuerzas federales, desapariciones forzadas y acciones concertadas de limpieza étnica en zonas de exclusión y alta marginación.