Seguridad pública y seguridad ciudadana, ¿ideas opuestas o complementarias?

En las últimas décadas hemos visto un cambio de paradigma en lo que se refiere a cómo entendemos la seguridad y el papel que el Estado juega en garantizarla.

Aunque aún existen localidades, ciudades y países en los que únicamente prevalecen políticas de seguridad pública centradas en la acción persecutoria y punitiva del delito, cuya responsabilidad recae enteramente en las agencias de seguridad del gobierno, políticas de seguridad en donde el eje central es el combate al crimen con “mano dura” o “tolerancia cero” y políticas que priorizan la acción correctiva de las conductas delictivas por encima de la prevención de las mismas, se ha buscado sustituir estos modelos o visiones por aquellos que entienden la seguridad más allá del delito, y en los que se le da un peso igual de importante, o incluso mayor, a la prevención de situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas a partir de la identificación de los factores de riesgo que las hacen más vulnerables de sufrir o cometer delitos.

En ese sentido, la seguridad ciudadana se vale de esta mirada de prevención del delito, pues define la seguridad desde una perspectiva que busca adelantarse a que los fenómenos violentos y delictivos surjan y con ello salvaguardar al individuo de los múltiples peligros que puedan amenazar su vida, su salud, su integridad y el goce de sus derechos (PNUD, 2014). El énfasis, se coloca en la atención de múltiples factores que ponen en riesgo la calidad de vida y el bienestar de las personas, y la acción del Estado, no se limita exclusivamente a la persecución y sanción de delitos.

Una estrategia de seguridad entendida desde seguridad ciudadana debería centrase en los ciudadanos como personas individuales y como miembros de colectividades, y atacar los factores que vulneran su seguridad desde una perspectiva integral –conteniendo estrategias de uso de la fuerza pública de ser necesario, pero principalmente de prevención de la violencia y el delito, y de transformación de patrones sociales y culturales que afectan la convivencia, la equidad y la integridad entre las personas— todo ello desde un enfoque de derechos humanos (Cárdenas, 2015) (ONU-HABITAT, 2009).

Dicho lo anterior, ¿es la seguridad ciudadana una visión excluyente de la seguridad pública?

La respuesta es no. Si bien la seguridad ciudadana reconoce que la instauración de seguridad va más allá de las políticas tradicionales de control, ésta no pretende ser un sustituto de la seguridad pública, sino más bien un complemento.

La seguridad ciudadana y la seguridad pública deben ir de la mano porque la seguridad es un bien público, y como tal, es obligación del Estado proveer los medios para alcanzarla, pero garantizarla implica la intervención y participación activa de todos los actores que conforman la sociedad: gobiernos (desde su ámbito local hasta el federal y contemplando los tres niveles que lo conforman) ciudadanos, organizaciones civiles, academia, sector privado, asociaciones religiosas, etcétera. Se entiende así a la seguridad como una responsabilidad compartida que sólo puede lograrse desde una visión integral y colectiva, en la que impere la equidad y el respecto a los derechos de todas y todos (PNUD, 2014).