Por Luis Armando Bazaldua Flores

Tal y como analizamos en la primera parte de esta serie de aportaciones– que amablemente permiten compartir experiencias con otros actores involucrados en la prevención social – en esta segunda parte analizaremos una parte central de la implementación de la política pública de prevención social en el estado de Jalisco: su aterrizaje en los gobiernos municipales.

Si bien, es cierto que el Gobierno del Estado tuvo en el caso de Jalisco un papel protagónico al establecer las directrices mediante las cuales se regiría la política de prevención estatal, también es preciso señalar que nunca se perdió de vista el hecho de que las soluciones a los problemas de las comunidades no podrían venir de otros lugares sino de ellas mismas.

Atendiendo esta lógica de que la detección y solución de los problemas parte de las mismas comunidades, es que se propuso privilegiar la participación de los gobiernos municipales en las tareas de prevención entendiendo que estas no solo implican una visión general del gobierno, sino un compromiso permanente de los funcionarios encargados de la implementación.

De esta manera, al diseñar la política y generar los diagnósticos municipales se partió de la idea de que el municipio debería ser la célula básica de la organización de las actividades de corte preventivo, asumiendo de forma general el hecho de que las autoridades de este nivel de gobierno tendrían una visión más clara de los problemas que enfrenta su entorno inmediato.

A este respecto, es importante entender que en el caso de Jalisco nos encontramos con una complejidad adicional: si bien se consideró que los municipios contaban con una claridad conceptual de los problemas derivado de su cercanía a los ciudadanos, lo cierto es que existen tipos diversos de municipios en el estado, de forma tal que en Jalisco podemos encontrar municipios que apenas llegan a 4 mil habitantes en tanto que otros – sobre todo en los que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara – cuentan con poblaciones que superan los 1.5 millones de personas.

Estas condiciones tan dispares entre municipios, desde luego que generaron problemas al momento de enfrentar la realidad de cómo diseñar una política de prevención unificada que tuviera como eje a los municipios y sus capacidades, desde luego, el primer paso consistió en generar un esquema de vinculación y diseño ex profeso por casos de municipios, de tal suerte que aquellos con grandes poblaciones tuvieran a su alcance herramientas para enfocar los recursos y potencialidades en zonas o sectores específicos de su geografía apostándole más a la profundidad que a la extensión, es decir, enfocar gran número de esfuerzos y recursos en pequeñas zonas en lugar de distribuir a todo el municipio o a grandes sectores pequeños recursos que al final se pulverizarían.

De esta manera, partiendo de las generalidades de cada uno de los municipios del estado de Jalisco y teniendo como eje fundamental el hecho de que se debía apostar por la focalización se dispuso a trabajar un modelo innovador para el momento: la creación de gabinetes municipales de prevención.

Esta figura – proveniente de la Ley de Prevención Social del Estado de Jalisco – tenía como intención central generar una instancia multidisciplinaria que tuviera varios propósitos fundamentales: por ejemplo, era muy común que al hablar de políticas de prevención inmediatamente se asociara a la generación de estas a las corporaciones policiales, entendiendo que esta tarea debería estar adscrita a dichas dependencias, en virtud de que se mantenía un enfoque de la prevención centrada en la contención del delito y sobre todo en la visión binaria del bien contra el mal.

En este sentido, un propósito central de los gabinetes municipales de prevención social pasaba por eliminar de tajo esta asociación entre prevención y policías, haciendo que la instancia operadora de la estrategia no fuera de forma exclusiva la corporación, sino que, por el contrario, se proponía de esta forma que la operación estuviera centrada en un organismo colegiado.

Por otra parte, el modelo de gabinete municipal – por su carácter colectivo – permitía que todas las instancias del gobierno pudieran participar con voz y voto en el diseño, articulación e implementación de la estrategia de prevención de manera que, de forma general, se tenía claridad en los objetivos de cada una de las partes integrantes del gobierno municipal, esta condición de establecer las condiciones mediante las cuales cada una de las áreas de la administración visualiza su papel en la estrategia de prevención permite – además de fomentar la corresponsabilidad – aumentar el compromiso de todos los funcionarios, al percibir que no se trata de “la” estrategia de prevención sino que por el contrario se trata de “nuestra” estrategia de prevención.

De esta manera se fomenta un compromiso con la misma dado que esta no fue dictada de forma unilateral por cualquier autoridad, sino que se trató de un consenso amplio dictado por todos los funcionarios que dentro del propio gabinete deliberaron para la definición de los objetivos y las estrategias a implementar.

Bajo esta óptica, una tercera definición generada a partir del propio diseño del gabinete – y que desde mi criterio resulta ser el fundamental – es el hecho de que de manera central permite que todos los participantes dirección en los esfuerzos que habitualmente realizan, hacia el marco de la estrategia de prevención, es decir, que de forma general sin destinar recursos específicamente a las labores de prevención, todas y cada una de las dependencias de orden municipal participantes pueden con sus programas y acciones cotidianas, enfocar y aportar a la resolución de algunos problemas comunitarios.

Esta condición hace que el esquema de funcionamiento de la estrategia de prevención (a manera de gabinete de prevención) tenga elementos que desde luego son sugerentes y que permiten adelantar el propio éxito de la intervención, ya que de manera general no se solicita a las áreas responsables que destinen recursos extraordinarios, sino que atendiendo sus propias particularidades y sus potencialidades se les solicita que destinen acciones prioritarias con fines estratégicos.

La estrategia, por tanto, mantiene una tendencia de ganar-ganar toda vez que mientras las áreas cumplen con sus objetivos habituales, también contribuyen a que los objetivos planteados a nivel central por el gabinete de prevención se consoliden frente a los ciudadanos dando resultados, ello sin que necesariamente se destinen recursos especialmente etiquetados para esta materia.

Por otra parte, es importante establecer que el esquema de trabajo articulado al gabinete de prevención pasa por el hecho de que además de que participan todas las áreas este organismo colegiado tiene entre sus funciones centrales la realización de un documento de importancia central: su programa municipal de prevención.

Este documento – que abordaremos a mayor profundidad en la tercera parte de estas colaboraciones – permite entender cómo se aterriza la estrategia en la materia además de suscribir acuerdos puntuales y objetivos comunes en la materia.

No obstante que este documento representa un eje articulador, dentro de todo el entramado de la prevención y cómo se pretenden establecer acciones determinadas a partir del gabinete, lo realmente fundamental de este esquema se centra en el hecho de que permite que todos los actores gubernamentales asuman una responsabilidad en temas de prevención y que entiendan que esta no es un asunto relacionado solamente con la seguridad, sino que pasa por una serie de demandas y derechos sociales que deben satisfacerse.

De esta manera, por medio de los gabinetes de prevención, se puede entender que por ejemplo, aunque Obras Públicas no tenga un papel específicamente diseñado para el tema de prevención, lo cierto es que por medio de dichas acciones que genera en ciertas comunidades puede aportar a un tema de prevención situacional, mejorando la forma en que los ciudadanos se relacionan con sus entornos, o se puede hablar de que quizás el Registro Civil no realiza precisamente acciones relativas a la prevención pero sí puede aportar por medio de las jornadas de emisión de actas de nacimiento, de matrimonio y demás, una seguridad patrimonial y familiar que redunda en condiciones que fortalecen el tejido social y sobre todo brindan factores protectores a los ciudadanos.

En dicho sentido, de manera casi inadvertida se pasa – por medio del esquema de gabinete de prevención – de gobiernos que escasamente actúan en función de la prevención a administraciones que en su día a día se proponen construir comunidades más armónicas y pacíficas para sus ciudadanos.

Licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Primer Director General del Centro Estatal de Prevención Social del Estado de Jalisco (2016-2018). Ha desarrollado y supervisado un centenar de proyectos dirigidos a la prevención social de las violencias, el fortalecimiento de la cohesión social y la cultura de la Paz

Last modified: septiembre 11, 2019