Escrito por: Luis Armando Bazaldua Flores

Es por todos conocido que una de las prioridades de los grupos o sectores de la comunidad y de la sociedad en general transita por el hecho de convertir sus demandas o necesidades en un tema mediático: se presume que de forma inmediata el poner los focos de atención de los medios de comunicación permite que los gobiernos puedan “voltear” a ver a dichos sectores y sobre todo que se transite en la ruta de las soluciones.

Si bien, este esquema ha privado en México – y en casi todas las democracias modernas – lo cierto es que no resulta del todo claro que sea el mejor esquema de resolución de problemas: se debe asumir que sea cual sea el problema o el impacto mediático, las soluciones deben generarse sin mediar que el asunto sea o no parte del debate y de la agenda pública.

Esta reflexión viene al caso derivado del hecho de que justamente la prevención social ha pasado por un camino atípico: desde hace cuando menos cinco años se ha convertido en un tema de agenda mediática sin que se vislumbre con claridad una solución o un modelo claro de prevención con resultados precisos y cuantificables.

Es decir, en contrasentido con otros temas cuya resolución es inmediata o mediata, en el caso de la prevención social, su actualidad y sobre todo su vigencia – dado que no hemos logrado revertir la mayor parte de sus efectos – tiene razón de mantenerla en el debate público como un asunto de primer orden y sobre todo al cual le arrogan la mayor parte de la solución a los problemas de violencia, delincuencia y convivencia social.

Si bien es cierto que la prevención social mantiene su foco de interés en la resolución de estos flagelos, su construcción mantiene tras de sí todo un esquema de “repensar” a la sociedad y sobre todo a las formas en que los individuos se comportan de manera individual y como seres colectivos.

Si bien, el proceso general de institucionalización de la prevención social viene dado por la publicación de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el año 2012 – misma que preveía la generación de políticas públicas de corte preventivo a nivel nacional e instruía a los gobiernos estatales a generar políticas similares a nivel regional y municipal – para el caso de Jalisco, se dio por medio de la publicación de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Jalisco en el año de 2015 pero tiene su fecha de nacimiento en el proceso que gestó la creación del Centro Estatal de Prevención Social del Estado de Jalisco en el año de 2016.

Este primer esfuerzo institucional, tuvo como notas particulares la creación – en primer lugar – de un ente abstraído de las dinámicas policiales de sus antecesores, pero también con una visión más integral del fenómeno de la violencia: se partió de la certeza de que ésta no es generada de forma específica por un sector poblacional o una sola condición, sino que mantiene vasos comunicantes con diversos fenómenos que no se relacionan – a primera vista y específicamente – con la violencia pero que sí pueden derivarse en manifestaciones de esta naturaleza, condiciones tales como la discriminación, la falta de oportunidades laborales, educativas, entre otras.

De esta manera, con esta nueva visión se procuró establecer una condición de base para todo el personal involucrado en la materia: una transformación de la visión de las actividades propias de la prevención, es decir, asumir que la mera entrega de información a las personas, la implementación de campañas de comunicación y otras acciones originalmente identificadas como parte del esquema de la así llamada “prevención del delito” no eran esencialmente provechosas para la resolución de los problemas de violencia y el fomento de la cultura de la paz, sino que se debía trascender esta visión de corto alcance y más enfocada en asumir una obligación gubernamental para establecer una auténtica política de prevención como política de Estado y no de administración.

En este sentido, una de las preocupaciones fundacionales del modelo de prevención articulado para Jalisco transitó por el hecho de que se consideró vital entender los problemas desde el origen, asumiendo de forma general que los mejores “termómetros” de la situación de sus localidades son sus habitantes y de forma particular los gobiernos municipales, dado su contacto directo con los ciudadanos.

De esta manera, la prevención social pudo ser analizada desde diversas aristas que no solamente involucraban la visión policial, sino que asumían de forma integral que la violencia se genera por condiciones y factores de riesgo que se articulan y se unen a manera de catalizador de la violencia.

Por ello, se iniciaron los trabajos para integrar diagnósticos locales de la violencia que desde la escala municipal, permitieron asumir y entender los problemas que se presentan en el entorno inmediato donde se encuentran los ciudadanos y de forma vinculada proporcionar tanto al nivel municipal como al gobierno estatal una ruta clara para enfrentar los problemas que detonan la violencia en las comunidades.

Fruto de este análisis es que se logró la articulación general de las demandas de los ciudadanos, es decir, de la visión que tienen en torno a su propia comunidad y los retos que de ella se emanan para una vez generada esta radiografía no sólo articular esfuerzos interinstitucionales sino también proponer a las diversas entidades que actúan de forma subsidiaria con las demás la ejecución de sus propios trabajos individuales con una visión global de la prevención social. Es decir, es importante entonces que esta visión de reducir la violencia funcione como una guía general de los trabajos gubernamentales sea o no sea su área específica la prevención social de las violencias y la delincuencia

En dicho sentido, se puede hablar de que esta primera etapa diagnóstica tomó aproximadamente dos años, en los cuales se recorrieron casi el 80% de los municipios del estado de Jalisco (dicho estado tiene 125 municipios) trabajando de la mano de los funcionarios locales y sobre todo generando un esquema novedoso en la construcción del modelo de prevención social poniendo el énfasis en capacitar a los servidores públicos, para con ello legar lo más valioso a las administraciones venideras: capacidades institucionales instaladas, es decir, personal sensibilizado con la materia que pueda no sólo establecer la ejecución de políticas públicas con énfasis en la prevención social, sino que además replique los conceptos clave de ésta.

A este respecto, es preciso señalar que otra nota distintiva en la construcción del modelo de prevención social es el hecho de entender que el gobierno no es el único factor para transformar la comunidad y prevenir la violencia, sino que es solamente un agente central en la configuración de la prevención social, además de que solamente mediante la articulación de propósitos fundamentales entre gobierno e iniciativa privada se logran los mejores resultados.

Producto de estas alianzas, es digno de destacarse el propósito de la Fundación Carlos Slim quien de forma genuina y desinteresada ha brindado el diplomado Prevención de las violencias y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, por medio de su plataforma digital a fin de capacitar a los funcionarios públicos de todos los niveles y a los agentes sociales interesados en la materia para establecer mejores prácticas que redunden en una mejor aplicación de estrategias de prevención social.

Si bien es preciso señalar que de forma particular la visión de la prevención social que se trabajó a lo largo de cerca de un lustro, en el Estado de Jalisco es altamente perfectible, lo cierto es también el hecho de que los logros pueden ser estimados como una base general a partir de la cual se puede construir con una visión más local pero también más clara de los problemas que se enfrentan en todas las localidades del Estado.

Es preciso señalar que esta primera colaboración que presento como la primera parte del documento “La construcción de un modelo de prevención social: el caso Jalisco (2016-2018)” tiene como intención central aportar la experiencia vista desde la planeación y el proceso de integración de una política pública de largo alcance que tiene como panorama inmediato de acción un espectro de cuando menos veinticinco años a futuro, con la idea de que las nuevas generaciones de niños y jóvenes crezcan con actores sociales, gubernamentales y empresariales comprometidos con revertir las condiciones que permitan el florecimiento de la violencia.

En la segunda entrega de este documento, analizaremos de forma general, algunas condiciones y retos que tuvo este primer modelo piloto implementando en el estado de Jalisco, asumiendo por tanto que esta parte de nuestro documento tendrá como idea general la implementación de la política pública, sin un afán de establecer modelos monolíticos, pero sí con una intención realmente vinculada a aportar las experiencias que desde la ejecución tuvimos que experimentar.

Luis Armando Bazaldua Flores es Licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Primer Director General del Centro Estatal de Prevención Social del Estado de Jalisco (2016-2018). Ha desarrollado y supervisado un centenar de proyectos dirigidos a la prevención social de las violencias, el fortalecimiento de la cohesión social y la cultura de la Paz.

Last modified: septiembre 11, 2019