Escrito por: Luis Armando Bazaldua Flores
En la anterior entrega de este trabajo titulado “La construcción de un modelo de prevención social: el caso Jalisco (2014-2018)” hemos estado analizando varios temas complejos que tienen que ver con el aterrizaje de la estrategia de prevención social en el Estado de Jalisco. Hemos pasado del proceso de creación de la política desde su aspecto conceptual a analizar – de forma extensa – como se establecieron vasos comunicantes entre la realidad y los conceptos para establecer mecanismos de articulación entre lo deseable y lo posible.
De este modo, en la anterior entrega analizamos la forma en que se diseñaron algunos de los programas implementados tras la creación del Centro Estatal de Prevención Social del Estado de Jalisco, siguiendo una ruta de análisis lógico-metodológica y sobre todo atendiendo los propósitos que se buscaron en cada uno de los mismos, poniendo el énfasis, más que en los elementos que lo integraban, en la finalidad que buscaban y la filosofía que subyacía en cada uno de los aspectos de su implementación.
En esta cuarta entrega, analizaremos más a fondo la forma en que los gobiernos municipales deben de integrarse para establecer una auténtica política de prevención que trascienda las veleidades políticas propias de la democracia (es decir, los cambios de gobierno) y sobre todo que blinden los trabajos que se realizan. Asimismo, otro punto candente de la cuestión de la prevención radica en la forma en que se tienen que realizar las estrategias de prevención en un contexto metropolitano, es decir, en núcleos poblacionales donde la división de poderes y de competencias es un problema más que una solución.
Asimismo, al final de este artículo se presentan algunas propuestas generales que se considera deberían ser tomadas en cuenta a la luz de los resultados que existen actualmente en materia de prevención social tanto en Jalisco como en otras latitudes, es decir, que pueden ser de amplia utilidad para abrir el debate en torno a la generación de esquemas de aplicación independiente tanto de las políticas de prevención como algunas otras que requieren continuidad en el tiempo por encima de cualquier otro aspecto de diversa índole.
1.- ¿Es necesario blindar a la prevención ante los “avatares” de la democracia?
Aunque la pregunta puede sonar poco sugestiva en razón de que se puede percibir a la democracia como algo “malo” al determinarse que genera “avatares” o problemas para la prevención, es preciso señalar que no estamos hablando de que ésta sea mala per se, sino que por el contrario se toca un punto central: dado que las tareas de prevención usualmente son trabajos que toman décadas en dar resultados y sobre todo en establecerse como dinámicas virtuosas en las comunidades, muchas veces los tiempos administrativos de los gobiernos (léase, trienios en el caso municipal y sexenios en el orden estatal y federal) no permiten que las políticas de prevención sean adecuadamente ejecutadas con una estabilidad que se debe procurar en las estrategias.
Asimismo, no es exagerado admitir que muchas veces las administraciones públicas tienen entre sus intenciones poner de relieve la forma distinta de hacer política, o en su caso, de realizar acciones que los distingan de sus predecesores, por lo cual, consideran que darle continuidad a cualquier trabajo representaría darle la razón a los anteriores administradores públicos, cuestión que desde luego no es viable para marcar la diferencia.
En este contexto, podemos visualizar entonces que muchas de las acciones que daban buenos resultados son desechadas por el simple hecho de que fueron ejecutadas por la anterior administración, lo que resulta no en un daño para las instituciones sino un daño a la sociedad, toda vez que se pueden perder grandes avances en diversas materias por el hecho de dar la imagen de cambio y de no continuidad.
Por lo anterior, es necesario que en el debate de la prevención se ponga en consideración el hecho que desde el punto de vista gubernamental, resulta necesario blindar las estrategias de prevención de las posibles acciones que alguna administración futura considere, estableciendo mecanismos de evaluación objetivos e independientes que puedan dar a los gobiernos salientes la posibilidad de demostrar – cualitativamente – el éxito de las estrategias, y a los entrantes, de evaluar y justificar la modificación o continuidad de las mismas.
De otra forma, nos encontraremos entonces en un bucle permanente de creación, innovación y readecuación de políticas de prevención sin que se mida de forma clara su impacto y su beneficio en la comunidad, lo que hace que continuamente cada tres o seis años iniciemos desde el punto cero.
2.- ¿Cuál es el papel de los gobiernos municipales en materia de prevención social en un contexto metropolitano, como es el caso de la zona Guadalajara?
En las pasadas entregas analizamos un poco la forma en que los gobiernos municipales inciden en las estrategias de prevención por medio del diseño y, en su caso, el apoyo en la implementación de los programas, no obstante, estamos apenas a la mitad del camino toda vez que si bien es cierto que la mayor parte de los gobiernos municipales participan de esta manera, ¿dónde queda el papel de los municipios en el contexto de zonas metropolitanas como es el caso de Guadalajara?
Es decir, se materializa el problema de que – por citar un ejemplo – los problemas de seguridad que se presentan en un municipio pueden tener su origen en otro, dado que se encuentran poblados entre sí de forma continua y de la interconexión total de elementos sociales y económicos que comparten.
De esta manera, los gobiernos municipales si bien han establecido su primer eje de acción en la administración y gestión de sus propios problemas – es decir, buscando soluciones para su territorio y su población – lo cierto es que en este ejercicio del que podemos tener información (es decir, del periodo 2014-2018), los municipios han hecho pocos intentos por establecer una base común que caracterice a la violencia y sus dinámicas entendiendo que trasciende limites administrativos y políticos.
A nivel estatal, es preciso señalar que durante el periodo 2014-2018 se realizaron trabajos para ejecutar estrategias de corte metropolitano, es decir, programas que tuvieran una influencia a nivel regional y que permitieran atacar los problemas que generan inseguridad desde varios puntos de confluencia, no obstante, resulta importante señalar que los trabajos fueron generados desde el gobierno estatal.
Esta condición de una estrategia que “aterriza” desde el gobierno estatal hacia los municipios puede hablar de una implementación eventualmente problemática toda vez que no se tiene una voluntad auténtica de tomar la coordinación municipal como una materia trascendente, sino que parte de una necesidad externa.
3.- ¿Cuáles podrían ser algunas propuestas para la prevención social metropolitana y la amplitud de las estrategias en contextos de cambio político?
Al respecto de los dos problemas que abordamos anteriormente, podemos establecer que las lecciones que dejó el ejercicio 2014-2018 en Jalisco son interesantes y sobre todo arrojan luz en torno a dos eventuales estrategias a utilizar de forma generalizada para garantizar el éxito de las estrategias de prevención social, a saber:
El establecimiento de presupuestos multianuales: es una de las opciones que se han abordado de forma somera y que podría traer muchos beneficios, toda vez que garantiza la implementación continua de los programas de prevención ya que fondeados por una bolsa común permitirían que, por medio de la evaluación de los impactos de los programas, se establecieran presupuestos ascendentes o descendentes en función del éxito de los mismos.
Asimismo, este presupuesto posibilitaría la permanencia y estabilidad de los proyectos de prevención exitosos y formaría un arraigo social de los mismos ayudando a eliminar cualquier clase de veleidad.
Creación de organismos técnicos autónomos para fondeo privado y público (fideicomisos de prevención): otra opción interesante a abordar sería la integración de fondos privados y públicos que pudieran tener como eje la creación de programas de prevención independientes del presupuesto estatal, de esta manera, las empresas – en su carácter de responsabilidad social – podrían contribuir no sólo con recursos sino también con aspectos más cualitativos tales como instrucción para el trabajo, entre otros recursos, que adicionalmente le aportan a la prevención.
