Los enfoques en la seguridad pública: estadocentrismo y ampliacionismo

Escrito por: Armando Vargas Hernández

De acuerdo con el artículo 21 de las Constitución Política la seguridad pública se entiende como una “función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”. Por consiguiente, podemos decir que, desde una postura institucional, la seguridad pública es un sistema que se compone de distintos actores con competencias específicas que tiene el propósito de mantener el orden público. 

En el siguiente cuadro se presenta, a manera de resumen, las etapas y actores del Sistema de Seguridad Pública en México:

EtapaNivel de gobiernoRama del gobiernoActores
Prevención del delitoFederal, estatal y municipalPoder EjecutivoPolicías administrativas
Procuración de justiciaFederal y estatalPoder EjecutivoMinisterio Público y policías de investigación
Administración de justiciaFederal y estatalPoder JudicialTribunales y jueces
Sistema penalFederal, estatal y municipalPoder EjecutivoCEFERESO, CERESO y cárceles municipales
Fuente: elaboración propia con base en el artículo 21 de la CPEUM y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El comportamiento de estos actores y la naturaleza de sus funciones pueden fundamentarse en modelos de intervención: estadocentrico o ampliacionista.

El modelo estadocentrico propone que el Estado es el único actor responsable de la seguridad en todo ámbito (Almazán, 2015; Estrada, 2014; Rodríguez, 2011; Sharp, 2009). El realismo político es el principal fundamento teórico del estadocentrismo. El realismo sostiene que los Estados son los únicos actores con capacidad para intervenir en la sociedad. Los realistas consideran que el mundo es un sistema de Estados y que la seguridad depende de otros actores estatales. Lo anterior significa que la seguridad del Estado y de sus elementos “[…] depende de la maximización de su propio poder frente a los demás” (Martínez, 2009, p.27). La seguridad, en este sentido, se entiende como el equilibrio de las fuerzas y puede ser vulnerada por los ataques internos o externos por parte de otras estructuras políticas. La expresión más representativa del modelo estadocéntrico es la seguridad nacional.

El concepto de seguridad nacional apareció en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y se consolidó durante la Guerra Fría (1945-1989), siendo fuertemente influenciado por el pensamiento estratégico militar (Thorup, 2009). La seguridad nacional hace referencia a la protección ante las amenazas externas y al mantenimiento de la estabilidad política, económica y social de un Estado, a través de la disuasión nuclear, superioridad en armamento, inteligencia militar, alianzas estratégicas con otros Estados y la contención de naciones agresoras.

En la actualidad, la seguridad nacional puede entenderse como un modelo anacrónico en la medida en que actualmente se reconoce que mayor armamento no implica necesariamente más seguridad; amenazas como el terrorismo, el narcotráfico, la inmigración ilegal o la contaminación medioambiental no siempre cuentan con una etiología política o militar y en cambio pueden vulnerar la estabilidad del Estado o de su población. Sin embargo, la influencia de los modelos estadocéntricos continúa hasta nuestros días y puede observarse en el despliegue del ejército o la marina para contener problemáticas como la delincuencia o la creación de gendarmerías con mandos militares.

En este marco, la delincuencia se concibe como un problema ocasionado por enemigos internos del Estado (Carrión, 2005) y la políticas de seguridad pública concentran sus acciones en el mantenimiento del orden público y la preservación de la gobernabilidad mediante métodos reactivos, es decir que actúan cuando ya ocurrió el problema, y sancionatorios, esto es, que se concentran en el castigo (Salgado, 2010; Carrión, 2006; Jaramillo, 2012). En este modelo, las políticas de seguridad pública cuentan con un carácter penal o punitivo y se definen como “el conjunto de acciones que buscan disuadir o desalentar la comisión de los delitos mediante el incremento de penas, una mayor capacidad operativa y de respuesta de las policías” (Herrera, 2002, p.16). Este modelo, evidentemente, se concentra en las consecuencias y no en las causas del delito; las violencias no son un tema de interés desde este punto de vista.

Por otro lado, el paradigma ampliacionista propone sobrepasar los tradicionales asuntos políticos o militares en el campo de la seguridad, en respuesta al crecimiento reciente de amenazas como el terrorismo, el crimen organizado, el cambio climático, las crisis alimentarias y la delincuencia común. Los ampliacionistas sostienen que las amenazas en contra de la seguridad no provienen únicamente de las intenciones políticas de otras organizaciones y que el Estado es materialmente insuficiente para enfrentarlas.

El paradigma ampliacionista sugiere dos procesos; 1) incluir dentro de las políticas de seguridad a la comunidad y considerarla como un actor capaz de coproducir seguridad y, 2); colocar a las personas como el principal objeto de protección (Gottsbacher, 2013; Bárcena, 2001; Cunjama, 2015; Salgado, 2010). Desde este punto de vista, el significado de la seguridad se traslada de “[…] una visión reductora subordinada exclusivamente a las respuestas policiales y penales por parte de los órganos del Estado, hacia una más amplia e integral basada en las necesidades de las personas” (Sagant, 2010, p.3).

La representación más importante del ampliacionismo es la seguridad humana, una dimensión que prioriza ante todo la protección del ser humano y de sus necesidades (Martínez, 2009). Existen dos concepciones de la seguridad humana, una restringida y otra extensa. La perspectiva restringida engloba la libertad contra el miedo a partir de la eliminación del uso de la fuerza y de la violencia en la vida cotidiana de las personas. Por su parte, la noción extensa engloba la libertad frente a las necesidades económicas, alimentarias, sociales y de salud (Morillas, 2006). De este modo, los riesgos a la seguridad humana provienen de la acción del propio Estado o como consecuencia de hambrunas, la pobreza, el subdesarrollo, catástrofes medioambientales o la delincuencia e inseguridad pública.

En este marco, las políticas de seguridad pública se concentran en la prevención social de las violencias y las delincuencias, desde una visión amplia de convivencia como elemento catalizador de la reconstrucción y mantenimiento del tejido social que permita intervenir sobre las múltiples causas de las problemáticas (Acero, 2002; Carrión, 2002; Gonzáles, 2012; Riveros, 2006). Se trata de un modelo conceptualmente apropiado para intervenir sobre el origen multicausal de las violencias y la delincuencia. ¿En qué modelo se puede enmarcar la Guardia Nacional que propone el actual gobierno?


Fuentes:
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Last modified: septiembre 11, 2019