Escrito por: La redacción
¿Qué se necesita para avanzar en la eficiente implementación de políticas públicas enfocadas a la seguridad ciudadana?
La seguridad ciudadana debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de cohesión social[i].
Lo anterior, atiende a que la seguridad se concibe como una condición necesaria para el desarrollo humano de las personas y ésta es valorada como un bien público, cuya provisión es responsabilidad principal del Estado.
Es evidente que, bajo este orden de ideas, la acción del Estado para garantizar la seguridad ciudadana forzosamente involucra medidas que trasciendan a las agencias gubernamentales encargadas de hacer cumplir la ley y salvaguardar la seguridad pública. Esta visión conlleva la implementación de políticas públicas que ataquen el problema desde una multidimensionalidad de frentes y actores, es decir, de manera transversal.
La transversalidad contempla el involucramiento de distintas instancias y sectores del gobierno para atender un problema. En esta labor, la Federación, el Estado, los municipios y cada sector dentro de estos niveles de gobierno, se deberán coordinar: cada orden de gobierno deberá asumir su responsabilidad en el problema y en la solución a implementar localmente, atendiendo los factores de la violencia y la delincuencia de manera simultánea (CESUP, 2014).
El mantenimiento de espacios públicos, es un ejemplo de ello, pero lo mismo puede decirse de políticas en materia de educación, de cultura o de salud pública, como vías para la prevención del delito o de situaciones de violencia que pongan en riesgo la integridad de las personas.
La “Guía para la Prevención Local hacia Políticas de Cohesión social y Seguridad ciudadana”, de ONU-HABITAt y la Universidad Alberto Hurtado de Chile, dan cuenta de la relación entre seguridad y transversalidad en las políticas:
“No solo la demanda de seguridad urbana es transversal a muchas políticas sino que es una demanda colectiva y no solo individual. El ciudadano exige seguridad para él y su familia, pero también pide calidad de vida en los espacios públicos, sean éstos calles, plazas, transportes, escuelas, negocios, parques, cines, etc. Pide sobre todo que la ciudad, el espacio público y su barrio estén seguros. En estos lugares el ciudadano quiere calidad de vida y no solo garantía contra ladrones o delincuentes comunes. Pide que el lugar sea agradable y funcional, pide que sea un lugar que tenga sentido en términos de vida ciudadana, demanda implícita de todos.” (ONU-HABITAt y la Universidad Alberto Hurtado, 2009).
Un ejemplo de lo anterior son los programas “Línea Verde” y “Convive Feliz”, implementados en la ciudad de Aguascalientes en 2011.
Se trató de una iniciativa a través de la cual se sumaban los esfuerzos de diferentes sectores municipales y de estos dos programas en un objetivo común, que era mejorar la seguridad, a través de la prevención de la violencia y la recuperación de espacios públicos.
El proyecto “Línea Verde” consistió en recuperar un corredor de 12 km por donde transcurren los ductos de Pemex, que atraviesa las colonias periféricas de la ciudad caracterizadas por altos niveles de inseguridad. Esta transformación urbana, a su vez, se acompañaba con el programa “Convive Feliz”, una iniciativa enfocada en la participación ciudadana, la coproducción de seguridad y el mejoramiento de la convivencia en espacios públicos, a través de intervenciones de prevención de violencia y delito en colonias vulnerables (CESUP, 2014).
El proyecto se articuló alrededor de cinco principios: territorialidad, transparencia, integralidad, transversalidad e intersectorialidad.
Los dos primeros principios acercaron la política a la ciudadanía. A través del principio de integralidad, se buscó entender la delincuencia y la violencia como resultado de varias causas; mientras que con el de transversalidad, se dio coherencia horizontal y vertical a la suma de acciones desplegadas por cada una de las instituciones y dependencias participantes en la ejecución de estas estrategias. Finalmente, con el de intersectorialidad, se buscó generar la cooperación de instituciones gubernamentales y sociedad civil (Presidencia Municipal de Aguascalientes, 2011).
Entonces, para que las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, desde su diseño hasta su implementación y evaluación, sean verdaderamente efectivas, es fundamental que esta visión integral sobre la seguridad –que, además, involucra una participación activa de la ciudadanía, actores de la sociedad civil, empresarios, etcétera— sea compartida por cada uno de estas agencias y se trabaje en ella de manera transversal.
Referencias y Bibliografía
–PNUD (Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo), (2014). Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Panamá.
– CESUP, (2014). Hacia una cultura de la prevención: Guía para la intervención local. Centro de Seguridad Urbana y Prevención. México 2014. Consultado en: http://derecho.uahurtado.cl/web2013/wp-content/uploads/2013/06/haciaunaculturadelaprevenci%C3%B3n.pdf
-Programa de convivencia y seguridad ciudadana “Convive Feliz, 2011-2013. Presidencia municipal de Aguascalientes. Consultado en: www.convivefeliz.org
– ONU-Hábitat y Universidad Alberto Hurtado, (2009). Guía para la prevención local: Hacia políticas de cohesión social y seguridad ciudadana. Santiago de Chile: 2009. https://unhabitat.org/books/guia-para-la-prevencion-local-hacia-politicas-de-cohesion-social-y-seguridad-ciudadana/
-Escobar, Santiago, Muniz, Jacqueline, Sanseviero, Rafael, Saín, Marcelo y Zacchi, José (2004). La seguridad ciudadana como política de estado. FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT. Disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/06789.pdf
– Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016. Elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
-Fraile, Pedro (2007). La percepción de seguridad: entre el delito, el conflicto y la organización del espacio. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Vol. XI, núm. 245 (62), 1 de agosto de 2007. Universidad de Barcelona.
