La prevención social del delito: nuevas estrategias para viejos problemas

Hoy en día, la prevención del delito es considerada como una de las estrategias más económicas y eficientes para reducir la violencia, el crimen y sus efectos en los esquemas sociales y económicos.

Su incorporación paulatina, no sólo en las políticas, estrategias y acciones de seguridad pública, sino en ámbitos de educación, empleo, salud, etc., tiene como finalidad garantizar la calidad de vida de la ciudadanía generando en el proceso mejores condiciones sociales y económicas necesarias para alcanzar mejores niveles de desarrollo y enfrentar de mejor manera los desafíos de la globalización y el crimen organizado internacional.

Gran parte de los Estados Latinoamericanos actualmente enfrentan desafíos comunes relacionados a la pobreza, la desigualdad y la inseguridad que la combinación de ambos produce al nutrir esquemas delictivos.

La falta de oportunidades y el desempleo, aunados a la concentración de la riqueza en sectores selectos de la población se convierte en una mezcla explosiva que sólo necesita una chispa para convertirse, en muy poco tiempo, en un serio problema público con graves repercusiones en las estructuras sociales y económicas de un determinado territorio.

Muestras de este fenómeno las podemos observar en las comunidades de bajo desarrollo económico donde la economía del narcotráfico ha echado raíces, impulsando oportunidades económicas alternas que van diluyendo, a medida que se esparcen, la trama social, la paz y la seguridad ciudadana.

Asimismo, el Informe sobre seguimiento mundial 2009 del Banco Mundial 1 nos advierte acerca de los efectos de la crisis financiera mundial en los países menos desarrollados, los cuáles carecen de los recursos para responder con medidas paliativas a los problemas económicos y sociales que se desprenden de una disminución abrupta en el crecimiento económico.

Esta realidad obliga a replantear los principios y enfoques sobre los cuales se basan las políticas y estrategias actuales de seguridad pública, conminando a la construcción de nuevas estrategias de respuesta basadas en la comunidad, sus necesidades y capacidades bajo un enfoque integral y multidisciplinario encaminado a abordar el fenómeno del crimen desde sus propias raíces.

Aunque no es novedoso, este enfoque primario-preventivo nunca ha llegado a ser tomado muy en serio en contextos territoriales donde los problemas de la delincuencia rebasan las capacidades institucionales. La ciudadanía tiende a exigir, con sumo derecho, resultados a corto plazo para sentirse seguros y plenos, lo que obliga a las autoridades a invertir recursos en acciones reactivas para el control del crimen.

Si bien es necesario un control preciso y robusto, lo es también el enfrentar el fenómeno de la delincuencia desde otros frentes menos visibles enfocados al cambio conductual, la generación de oportunidades, la adecuación de entornos sociales, entre otras estrategias de largo alcance.

El libro blanco del gobierno británico sobre la erradicación de la pobreza en el mundo establece que la seguridad es una condición previa del desarrollo, en sus líneas, esta política inglesa expresa que “las poblaciones pobres quieren sentirse en seguridad, así como necesitan alimentos para comer, agua potable para beber y un empleo para asegurarse un ingreso. En ausencia de la seguridad, el desarrollo resulta imposible, los agricultores no pueden trabajar con el temor de un ataque contra sus tierras, su ganado o su familia. Los jóvenes no pueden recibir educación si temen el trayecto para ir al colegio, y las empresas no van a invertir en un país trastornado y donde no está asegurado el Estado de Derecho” 2

De esta manera, en poco menos de diez años, la seguridad pública se ha identificado como un tema transversal en las agendas locales de desarrollo, ya que es la seguridad ciudadana la que se establece como base sobre la que se construyen políticas, estrategias y programas encaminados a aumentar la calidad de vida de la comunidad.

No es coincidencia el gran auge que ha tenido, en los últimos años, el desarrollo y aplicación de instrumentos y herramientas novedosas para medir la seguridad desde muchos ángulos, desde el seguimiento de las cifras oficiales (denuncias formales a los ministerios públicos) hasta la percepción ciudadana de la inseguridad en sus barrios y la confianza hacia las autoridades locales.

Contar con datos precisos sobre el tipo de problemas de inseguridad (por no llamarles propiamente delitos) ayuda a las autoridades locales no sólo a comprender de mejor manera el fenómeno de la delincuencia y su impacto en la ciudadanía, sino que orienta la toma de decisiones y focaliza los mecanismos de respuesta a fin de maximizar el efecto de las intervenciones y optimizar los recursos humanos y financieros.

Y es precisamente este enfoque económico de la seguridad pública, el que ha impulsado a una transformación radical de sus mecanismos de actuación, evolucionando desde la mera vigilancia policial al desarrollo de toda una infraestructura interdisciplinaria que no sólo procura velar por la seguridad de los habitantes, sino que a su vez promueva elementos económicos, sociales, culturales y educativos para reforzar el desarrollo social y de esta manera “sostener” el efecto de las intervenciones en el tiempo.

La idea de la prevención del delito se establece como una de las áreas prioritarias a ser incorporadas de manera paulatina, pero consistente, en las políticas locales de seguridad pública.