Escrito por: Armando Vargas Hernández
La violencia y la delincuencia son problemáticas que durante las últimas décadas han afectado permanentemente a la sociedad mexicana; de manera directa al ser víctimas del delito o indirectamente por la percepción de inseguridad que impera actualmente en la mayoría de la población (ENVIPE, 2018). Esta situación ha producido una demanda social que exige a los gobiernos mejorar la seguridad a través del diseño e implementación de políticas públicas.
En un contexto en donde los homicidios dolosos, los feminicidios, los secuestros y las extorsiones reportan mes a mes sus máximos niveles históricos, la principal propuesta del gobierno actual para cumplir con la obligación del Estado de garantizar la seguridad de la población es la creación de la Guardia Nacional.
Esta iniciativa ha generado polémica dentro de la arena política y la opinión pública desde su aparición; están quienes consideran que se trata de la institucionalización de la militarización de la seguridad pública que caracterizó la denominada “guerra contra el narco” o quienes sostienen que la disciplina, profesionalismo y capacidad operativa de los militares permitirá solventar la debilidad institucional de las policías locales.
Al momento de redactar la presente (26/02/2019), los diputados federales aprobaron en comisiones un dictamen propuesto por la Cámara de Senadores para reformar la Constitución Política y concretar la creación de la Guardia Nacional.[1] La minuta que está actualmente en discusión difiere de la propuesta original de la Guardia Nacional, pero no descarta en absoluto la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, la cual, de hecho, continúa con un papel central.
¿Cuáles son las principales propuestas de la Guardia Nacional? ¿Es un modelo apropiado para atender los problemas de inseguridad que más afectan a la población? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Existen otras alternativas? Nuestro propósito es dilucidar estas cuestiones a lo largo de 3 textos para contribuir a ampliar el criterio de los ciudadanos ante las discusiones en torno de la solución de los grandes problemas públicos.
En esta primera entrega exploramos el problema al que se pretende dar solución; en la segunda parte presentaremos los enfoques de la seguridad pública y, finalmente, en la tercera etapa examinaremos las propuestas de la Guardia Nacional, buscando responder si atiende el problema o existe alguna otra alternativa.
Inseguridad pública: ¿cuáles son las prioridades?
La seguridad implica la existencia de un ambiente libre de amenazas o preocupaciones (Bárcena, 2000). En este marco, la inseguridad pública se entiende como la ausencia parcial o total de la seguridad en una sociedad (Arellano, 2011). El nivel de inseguridad pública se puede medir por la frecuencia de ciertos actos. Estos actos son las violencias, los delitos o la combinación de ambos.[2]
¿Cuáles son las prioridades en México? De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 se denunciaron en total 1 millón 971 mil delitos: el 94.27% son delitos del fuero común[3]; los más recurrentes fueron contra el patrimonio (57.91%); de ellos, el robo a casa habitación (79 mil), el robo a transeúnte (163 mil) y el robo de automóviles (166 mil) se posicionaron como los que más afectaron a la población. Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, el delito que más afectó a la población fue el robo o asalto en la calle y en el transporte público.
Respecto a las violencias, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), las violencias más frecuentes en los hogares mexicanos son la violencia emocional, la violencia económica, la violencia física y la violencia sexual, asimismo, el 66.1% de las mujeres mexicanas experimentan violencia de género y los ámbitos más frecuentes de las violencias en nuestro país son los espacios escolares, familiares y laborales.
En otros términos, las prioridades en materia de inseguridad pública se relacionan con la ocurrencia de delitos comunes y violencias individuales que suceden en ámbitos comunitarios de convivencia social.
Considerando el desarrollo teórico criminológico y los modelos que existen para explicar la dinámica de las violencias, es importante hacer notar que una de las principales características de estos fenómenos es que tienen un carácter multicausal, dado que son el resultado del entrecruce de factores sociales (físico-ambientales, sociodemográficos y axiológicos) e individuales (racionales y emotivos); además, estos elementos varían en función de las características endógenas de los territorios en donde se presentan dichas problemáticas y dependen también de la especificad de las mismas.
[1] La siguiente etapa dentro del proceso legislativo es que este mismo martes (26/02/2019) la propuesta sea presentada ante el pleno para una primera lectura y, el próximo jueves, se llevé a acabo la segunda lectura en pleno para su aprobación, en caso de que esto ocurra, pasará a los congresos locales para su ratificación.
[2] Las violencias son los actos que produce un daño sobre la persona. Pueden ser de distintos tipos (física, sexual, económica, emocional) y presentarse en diversos ámbitos (familiar, escolar, laboral). Los delitos son todos aquellos hechos que son sancionados por los códigos penales. En ocasiones, los delitos pueden cometerse con o sin el uso de violencia, mientras que las violencias pueden o no ser consideradas como un delito: en México la violencia familiar es un delito pero no así el bullying.
[3] Los delitos del fuero federal son aquellos que atentan contra los intereses del Estado y son ámbito de competencia del gobierno federal: delitos contra la salud o el robo de combustibles. Por otro lado, los delitos comunes son aquellos que afectan directamente a las personas y cuya prevención, investigación y sanción es responsabilidad de los gobiernos locales (estatales y municipales).
Fuentes:
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