¿Cómo abona la justicia transicional a la seguridad ciudadana?

En este sentido, en el caso mexicano existe la comisión de delitos y violaciones masivas a los derechos humanos de las personas, por lo que el reto es aun mayor, ¿cómo diseñar mecanismos que puedan responder ante miles de casos? Afortunadamente existe una rama que se ha dedicado a crear procesos y mecanismos que respondan a contextos de masividad de casos y víctimas complejos: la justicia transicional. Estos procesos buscan romper con la impunidad y poner a las víctimas en el centro de estos mecanismos, reconstruir el estado de derecho, fomentar la reconciliación de las personas entre sí y con sus instituciones y coadyuvar en la transición a una paz duradera.

Finalmente, busca implementar políticas públicas para evitar que estos hechos vuelvan a suceder.

La justicia transicional cuenta con cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, los cuales se abordan en el artículo “Cómo iniciar un proceso de justicia transicional en México”. Los primeros tres pilares buscan acercar a la masividad de víctimas a un proceso de verdad, justicia y reparación integral del daño, como acontece en nuestro país; mientras que el cuarto, las garantías de no repetición busca prevenir a través de cambios estructurales – como los legislativos, institucionales, sociales y culturales – que estos hechos vuelvan a acontecer.

Es aquí donde podemos encontrar una coincidencia con los objetivos de la seguridad ciudadana. Primero, al buscar acercar a las personas a la verdad, justicia y la reparación integral del daño, se encarga de garantizar el acceso a la justicia de las personas. Posteriormente, con el pilar de garantías de no repetición, coincide en buscar el respeto el respeto a la ley, la tolerancia, acciones comunitarias, educación, mejorar la calidad de vida y la prevención de delitos y violaciones graves a derechos humanos. Sobre el potencial preventivo de las violencias de la justicia transicional, el Relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha señalado que “reconociendo el concepto de ciclo de la violencia… y que si bien la justicia de transición no debería concebirse principalmente como un instrumento de establecimiento de la paz, numerosos indicadores demuestran que puede contribuir a la paz y la seguridad sostenibles ayudando a romper los ciclos de la violencia y atrocidades, aportando un sentido de justicia a las víctimas y propiciando el examen de las deficiencias de las instituciones del Estado que puedan haber permitido, cuando no promovido, esos ciclos”.

Reconoce asimismo diversos retos para establecer una paz duradera y que coinciden con acciones tendientes a la seguridad ciudadana, entre los que se encuentran los siguientes:

• El fortalecimiento de la independencia judicial, en la cual se limite la competencias de los tribunales militares, así como el involucramiento de éstos últimos sobre aspectos políticos y económicos.
• El establecimiento de una supervisión civil efectiva de las fuerzas de seguridad, en la que se busque prevenir, investigar y sancionar las violaciones y los abusos perpetrados tanto por los agentes de seguridad del Estado, con especial énfasis en las zonas de poca gobernanza.
• La adopción de estrategias policiales comunitarias y de procesos que refuercen los vínculos sociales entre las personas de las comunidades.
• Para la conformación de las fuerzas de seguridad, reformas estructurales en las que se realicen la investigación de antecedentes, la destitución de las personas responsables de la comisión de violaciones a derechos humanos, la supervisión civil de los cuerpos de seguridad .
• Diferencias las tareas de los cuerpos militares de los cuerpos de seguridad civil, puesto que la defensa exterior corresponde a autoridades militares, mientras que la seguridad pública y de inteligencia debe recaer en las policías.

Hasta ahora, hasta ahora, la apuesta por recuperar la seguridad ciudadana en México ha sido la militarización de la seguridad pública, y no ha habido la inversión suficiente para transformar las instituciones de seguridad pública civiles ni las fiscalías. Esto ha impedido el acceso a la verdad y a la justicia de las miles de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, en especial, en aquellos casos donde alguna autoridad se ha visto involucrada. Adicionalmente, no existen procesos de lustración efectivos dentro de las instituciones públicas que impidan que el funcionariado que – por acción o por omisión – haya contribuido a alimentar sistema de impunidad sean separados de dichos cargos, y en aquellos relacionados por violaciones graves a derechos humanos, una investigación y sanción. En cuanto a las reformas legislativas, el congreso se ha dedicado a impulsar reformas de populismo penal que no han tenido ningún tipo de incidencia real en la disminución de los delitos, ni en su debida investigación, persecución y sanción, por tan solo mencionar algunos. Esto quiere decir, que a pesar de tener muchas veces diagnósticos locales y nacionales, no se han entendido ni tomado en cuenta para generar los cambios necesarios a nivel nacional y comunitario y no son cambios a largo plazo, condiciones que que exige la construcción de una paz positiva y duradera.

En este sentido, la justicia transicional comparte objetivos con la seguridad ciudadana, desde una perspectiva de seguridad humana y del desarrollo, como lo ha establecido el PNUD. Busca las causas estructurales de la violencia para realizar los cambios legales, institucionales, sociales y culturales necesarios, es decir, busca transformar la realidad para prevenir que la violencia se pueda seguir replicando, atendiendo a sus causas. Iniciar un proceso de este tipo en México nos permitiría dignificar a las víctimas, conocer las cifras reales del horror, las causas estructurales de las violencias, y sobre todo, descubrir y romper con los pactos de impunidad. Esto daría pauta para poder aplicar estos diagnósticos de manera asertiva para la persecución, la reparación del daño integral, y para la generación de los cambios y reformas institucionales, sociales y culturales que por fin garanticen una disminución de la violencia y la instauración de una proceso de paz positivo y sostenible.